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El 9 de febrero marcó un antes y un después en la política salvadoreña desde la firma de los acuerdos de paz el 16 de Enero de 1992. Al invadir la Asamblea Legislativa a punta de fusil para intimidar a los diputados y forzarlos a aprobar un préstamo de 109 millones para financiar el plan control territorial fase III, Bukele no sólo atropella la independencia de los tres poderes como usa y abusa de la interpretación del artículo 87 de la Constitución induciendo a la gente a una pseudo-insurrección con "el solo objeto de restablecer el orden constitucional", conforme reza la Constitución, sin que consiga explicar cuál orden constitucional estaba siendo violado al punto de hacerse necesario algo que sí constituía un claro atropello al Estado de Derecho. En la lógica bukeliana, al no aprobársele un préstamo los diputados incurrían en trangresión "por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución", cuando en realidad es constitucional que los diputados aprueben o no préstamos solicitados por el Ejecutivo sin que su aprobación sea obligatoria.
Algunos alegan que los diputados no están haciendo su trabajo como deberían, que hay corrupción, nepotismo, abuso de poder, entre otros males, pero ninguno de esos crímenes le daría el derecho al presidente de cerrar la Asamblea - "apretar el botón" en las palabras del presidente- y poner substitutos (obviamente nombrados por él mismo) hasta que nuevas elecciones fueran convocadas.
El gran problema de este raciocinio es que no resiste a la más simple de las evidencias: la realidad. Al sugerir que los diputados actuales, con excepción de sus aliados, son corruptos, ineptos, sinvergüenzas y “malditos” 1000 veces, está sugiriendo tácitamente que sus aliados son exactamente lo contrario: probos, inteligentes, tienen pudor y finalmente son "benditos"; pero un análisis superficial muestra que eso no es verdad. Tomemos como ejemplo al diputado Gallegos sobre quien recaen una serie de acusaciones que van desde nepotismo hasta uso indebido de fondos públicos, ya sea por el financiamiento de viajes al exterior a los cuáles se auto-invitaba, o por el patrocinio con fondos del Legislativo a una ONG fantasma de su mujer que llegó a recibir la suma de 500 mil dólares. Ahora veamos el gabinete de Bukele, ahí podemos encontrar personas con graves acusaciones que van desde violencia familiar y agresión a la mujer (el brozo y Alejandro Muyschondt), robo de carros (Alejandro Muyschondt), corrupción (el de aduanas), estafa (el primer nombrado para el banco central), recepción indebida de regalitos por parte de empresas prestadoras de servicios al estado (Osiris Luna), y así podríamos continuar mencionando los casos de nepotismo incurridos por el propio presidente de la República como por muchos de sus funcionarios, y fallaríamos sino mencionáramos casos claros de incompetencia como son los casos del de director de ANDA y la Ministra de Salud, y por qué no citar al propio presidente que ha mentido innumerables veces, como por ejemplo en la declaración del impuesto de renta mascaró como donaciones al político Nayib Bukele por parte de su hermano (suma que asciende a más de 800 mil dólares), o claras mentiras como cuando mintió acerca de la reorientación del préstamo del BCIE a la Asamblea Legislativa, o por qué no citar la no declaración patrimonial del propio Bukele y muchos de sus ministros que según la ley debería haber sido hecha en los primeros 60 días de mandato. La lista se extiende y podríamos citar muchos casos aquí pero nos quedamos con estos a título de ejemplo, apenas para probar que si hoy o dentro de un año se destituyen a los diputados actuales, sea por vía insurreccional como sugiere Bukele, o por el voto popular, la suerte del país tampoco sería mejor, porque lo que ya tenemos en la Asamblea que es del agrado del presidente, o la conformación del propio gabinete de Bukele ya nos da la pauta de lo que podría venir después y no hay el menor indicio que la manera de hacer política de la nueva casa sería diferente.
Dicho esto afirmo, el problema es de fondo y no se resolverá ni por "apretar el botón" ni por la substitución de los diputados actuales. Las instituciones salvadoreñas son frágiles y no será con maldiciones e insultos hacia los actuales diputados o instituciones que el problema se resolverá.
Ante la fragilidad de las instituciones el antítodo es su fortalecimiento, es cerrarle la brecha a los políticos que hacen uso de las leyes flojas del país para hacer de las suyas, y esto incluyo al presidente Bukele. Si la Corte de Cuentas y el Ministerio Público no están haciendo su trabajo no será maldiciéndolos que lo harán. Los directores de estas insituciones son nombrados por los diputados, o sea, por las mismas personas a quienes estas instituciones deberían controlar. La agenda de la CCR y la FGR no es técnica sino que política. La Corte Suprema de Justicia y sus magistrados también son nombrados por los diputados, y por tanto su agenda es también pautada por los intereses políticos de aquellos que los nombraron.
Se sabe que durante mucho tiempo la CCR estuvo bajo control del PCN con quien ARENA tenía acuerdos obscuros, pero cuando el FMLN llega al poder hace igualmente acuerdos con ARENA para nombrar al Fiscal General y los magistrados de la CCR para poder también encubrir sus chanchullos, chanchullos de los cuáles el partido GANA, actual aliado del presidente, también hacía parte. Es sintomático que tengamos a un ex-fiscal general preso junto con Elías Antonio Saca, como también no es coincidencia que ese fiscal le encubrió muchos chanchullos al foragido Mauricio Funes Cartagena que se encuentra escondido en algún lugar en Nicaragua bajo la cobertura del igualmente gobierno corrupto de Daniel Ortega y su mujer. También es de todos sabido que Bukele se hace el del ojo pacho ante los escándalos de corrupción de su aliado Guillermo Gallegos, o como guarda silencio en el caso claro de negociaciones con las pandillas por parte de Ernesto Muyschondt, quien de ser su archi-enemigo político pasa a ser su aliado.
En todos los gobiernos de ARENA hubieron innumerables casos de corrupción y sin excepción todos los funcionarios y presidentes salientes recibieron sin el menor problema un finiquito de parte de la Corte Suprema. Pero Funes, Cerén, Quijano y el propio Bukele también recibieron sus finiquitos sin mayores cuestionamientos.
La despolitización en los nombramientos de los cargos de segundo grado, llámese fiscal general, magistrados de la CCR, Corte Suprema, etc es urgente. La institución de rigorosos procesos de investigación de los candidatos a cargos de confianza, con claros criterios eliminatarios que preconicen la probidad, la honestidad, la idoneidad y competencia para el cargo es un imperativo La institución de la carrera de servicio civil para todos los cargos estatales, sean en el gobierno central, autónomas, Legislativo, Judicial o muncicipalidades, donde los cargos son asignados através de concursos públicos que preconicen de igual forma la competencia, idoneidad y honestidad también son necesarios en el país.
La promoción e incitación al odio y a la violencia no resolverán los problemas del país. No será el enflaquecimiento de las instituciones, el llamado a quebrantar el Estado de Derecho que hará con que las cosas funcionen mejor, muy por el contrario, el señor Presidente ha activado una bomba de tiempo que está a punto de estallar, la ira popular se ve por todas partes en las redes sociales y el territorio. Mercenarios pagados por dios sabe quien se han hecho presentes a la Asamblea para insultar a diputados y exponerlos al ridículo en las redes sociales. La incapacidad o la falta de idoneidad de un diputado se resuelve por un lado educando políticamente a nuestra gente para que puedan elegir mejor a sus representantes, pero por el otro, caso un diputado no sea idóneo el mismo deberá ser removido por el pueblo en las urnas. Más educación y más democracia por tanto.
O aceptamos que nuestra democracia por frágil e imperfecta que sea es mucho mejor que la incitación al odio, el autoritarismo y la ascención de figuras mesiánicas con una clara agenda política que en nada contribuye a la resolución de los problemas de nación, o nos estaremos aproximando a pasos acelerados a un estallido social y político que podrá sin sombra de dudas llevarnos a una nueva guerra civil.
Proponemos por tanto el fortalecimiento de la instituciones, el pensamiento y el análisis crítico de la realidad nacional, la formación política de nuestra gente y la participación activa de los diversos colectivos dentro y fuera del país con aras a la transformación de nuestra realidad.
