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Uno de los resultados, y talvez el principal, de los acuerdos de paz firmados el 16 de enero de 1992 fue la garantía por parte de las fuerzas políticas y militares de aquel momento, los países amigos, Naciones Unidas y la comunidad internacional de que el FMLN pudiera hacer el tránsito de fuerza beligerante a partido político con todos los derechos que la ley le concedía a partir de aquel momento, no sólo para poder participar como fuerza político-partidaria pero y principalmente que se les dieran garantías que sus vidas serían respetadas y que se les permitiría participar de la vida pública bajo la "normalidad democrática" que la pos-guerra le ofrecía al país.
Aunque no sin atropellos, esas garantías poco a poco se fueron cristalizando lo que le permitió al FMLN alcanzar las primeras alcaldías y diputaciones, pero no fue sino hasta el año 2009 cuando finalmente consiguió llevar a la presidencia a Mauricio Funes y a Salvador Sánchez Cerén como vice.
A esa altura, a 17 años de firmados los acuerdos de paz, el FMLN ya había entendido cual era el teje y maneje de la actividad partidaria, y comportándose como dos pandillas opuestas con ARENA, se habían repartido el botín estatal del cual antes de los acuerdos de paz el PDC, PCN y ARENA participaban. Durante muchos años por ejemplo, ARENA le entregó el control de la Corte de Cuentas al PCN que tenía como misión limpiar cualquier rastro de corrupción que pudiera haber dejado el partido tricolor. De igual forma, antes de la llegada del FMLN a la Asamblea, ARENA siempre había controlado la Corte Suprema y en particular la Sala de lo Constitucional, y la Fiscalía General, lo que le daba el control de practicamente todo el aparato del Estado.
Pero cuando el FMLN pasó a participar del "juego democrático" pasó igualmente a hacer parte de la repartición de la torta del poder y a controlar las instituciones para su propio beneficio, de la misma forma como los otros partidos lo habían hecho durante muchos años. Esa instrumentalización de la institucionalidad por parte de lo que llegó a llamarse de partidocracia plagó de impunidad todo el aparato del Estado, permitiendo así por ejemplo que los crímenes de lesa humanidad nunca fueran juzgados en el país; que los casos de corrupción, con raras excepciones, se dejaran prescribir para que los fraudadores del erario no tuvieran nada que temer. Los finiquitos siempre les fueron entregados a todos los políticos sin mayores preguntas por parte de la Corte de Cuentas, que por su vez siempre se hizo la de los panes con las irregularidades en practicamente todos los niveles de la vida pública.
"En el arca abierta el justo peca" decía mi abuela, y así, con una institucionalidad inoperante, con instituciones de contraloría totalmente controladas por los partidos políticos, con una Sala de lo Constitucional que daba sus fallos de acuerdo a criterios y prioridades sólo por ellos conocidos, el Estado Salvadoreño se plagó de corruptos en todos los niveles, y los intereses personales y corporativos pasaron a ser más importantes que la institucionalidad y la probidad administrativa. Es bajo esa coyuntura que Nayib Bukele llega al poder el 1 de junio de 2019 que ni lento ni perezoso lanza mano de la inoperancia de las instituciones de contraloría y de los vacíos legales para comenzar a atropellar la institucionalidad y a instrumentalizarla para su propio y exclusivo beneficio conforme sus predecesores también habían hecho, volviéndose así el hechizo (la impunidad) contra el hechicero(la partidocracia).
Y así, si antes los partidos hegemónicos hacían y deshacían con la institucionalidad, de repente se dan cuenta que esa puerta de impunidad de la cual ellos durante mucho tiempo habían usado y abusado, ahora pasa a jugar contra ellos porque Nayib Bukele, de aprendiz de hechicero pasa a ser un maestro y comienza a usar de su popularidad para hacer lo que se le viene en gana alcanzando el punto más alto de su intrepidez el 9 de febrero de 2020 cuando irrumple en la Asamblea Legislativa amenazando de cerrarla por no aprobarle un préstamo que él había solicitado. Pero ante la popularidad del inquilino de CAPRES, a los diputados, al fiscal general y a la corte suprema les tiembla la mano para actuar de oficio y parar en seco al golpista. Sin embargo, al no hacerlo le dejan claro a Bukele que le temen a la ira popular concediéndole carta blanca para que continue atropellando la institucionalidad.
Desde el 9 de febrero, y con la llegada del COVID-19, tales atropellos se hicieron aún más frecuentes y comenzaron a alcanzar dimensiones inimaginables. Hemos visto desacatos a los fallos de la Sala de la Constitucional; desobediencia a las órdenes de los jueces de abrir los archivos de la Fuerza Armada; ataques a cada día más frecuentes a los medios de prensa que cuestionan e investigan el accionar de su gobierno; desobediencia de la PNC, por órdenes de Bukele, de llevar a la Asamblea al ministro de Hacienda por apremio ante su negativa de explicar como se ha gastado el dinero de los préstamos durante la pandemia; desacato a la Sala que le impedía exigirle un examen de COVID-19 a los salvadoreños que quisieran ingresar al país, entre otros abusos.
Nos encontramos así delante de un regimen totalitarista, de un gobernante autoritario que hace lo que le da su regalada gana ignorando a los otros dos poderes del Estado de Derecho Salvadoreño a saber, el Legislativo y el Judicial. Ahora imaginemos de lo que Bukele no será capaz cuando tenga el control de la Asamblea Legislativa al alcanzar por lo menos la mayoría simple, y quien sabe también calificada?
Lo que está en juego ahora no son apenas las elecciones de 2021, yo considero que esa batalla los partidos hegemónicos ya la perdieron, acá lo que está en juego es el Estado de Derecho Salvadoreño y la institucionalidad, o alguien pára al aprendiz de dictador ya o nuestra frágil democracia se va al carajo. La amenaza más grande en este momento no es apenas la corrupción practicada por todos los partidos incluído el partido del presidente y el presidente mismo; acá lo que se está jugando el país es la libertad de prensa, la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos, el respeto a la independencia de los tres poderes y el no entregarle en bandeja de plata al aprendiz de dictador el control de los tres poderes. Si aún sin tener el control de la Asamblea, la FGR, CCR y Corte Suprema de Justicia Bukele ya actua como un dictador, imaginemos los niveles que va a alcanzar cuando tenga por lo menos mayoría simple en la Asamblea.
Los sucesos del 9F, las irregularidades en el uso de los recursos para el combate al COVID-19, los desacatos a las resoluciones de la Sala, las negociaciones debajo de la mesa con las pandillas, entre otros posibles crímenes, le dan en este momento a la Asamblea Legislativa la prerrogativa de ley para abrir un ante-juicio contra el presidente Bukele y marcar así un precedente. Si aún así, delante de un ante-juicio Bukele decide desacatar la autoridad de la Asamblea nos encontraremos ante un "orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución", conforme reza el artículo 87 de la Constitución de la República. Ante esa situación sólo resta "el derecho del pueblo a la insurrección" que "se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución".
O se sienta este precedente y se cierran las puertas que no sólo han permitido llegar a una situación de totalitarismo presidencial, como también todas aquellas através de las cuáles los otros partidos políticos hicieron y deshicieron en el pasado, o nos llevaremos de encuentro de un sólo tajo el Estado de Derecho Salvadoreño con un presidente en el poder a quien no le temblará la mano para deshacerse de cualquier fuerza opositora a sus intereses totalitaristas.
