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El 3 de Febrero de 2019 ganó las elecciones presidenciales Nayib Armando Bukele, derrotando contra viento y marea a ARENA y al FMLN, después de haber conseguido superar todas las barreras que encontró en el camino, y después de haber conquistado las mentes y corazones (talvez más corazones que mentes) de aproximadamente 1.5 millones de salvadoreños, lo que equivalía a 53% de los votos válidos.
Un año más tarde, el mismo candidato que había sido electo democráticamente irrompe en la Asamblea Legislativa acompañado de la PNC y la FAES para exigirle a los diputados la aprobación de un préstamo con el cual financiaría su plan control territorial, bajo la amenaza de cerrar la Asamblea Legislativa caso no le concedieran su capricho. Al recibir un mensaje de "dios", quien le pidió paciencia, desiste de cerrar la Asamblea y les da un plazo de dos semanas para que, caso no le aprueben su capricho, "apretar el botón".
Delante del atropello a la institucionalidad, organizaciones políticas y sociales, así como la comunidad internacional, expresan su repudio para ese atentado a la (combalida) democracia y al Estado de Derecho salvadoreños; la Sala por su vez le prohibe a Bukele terminantemente que repita un acto como ese, sin que el exabrupto presidencial tenga mayores consecuencias y sin que se aplique todo el rigor de la ley contra el infractor. Diversas autoridades del derecho constitucional como penalistas no dudaron en condenar dicho atropello a la institucionalidad, mientras que, contradictoriamente, el Fiscal General dijo que no había visto ningún crimen con lo ocurrido el 9 de febrero.
Curiosamente los diputados interpelaron al director de la PNC como al ministro de defensa, pero no así al mandante del atropello a la institucionalidad, Nayib Armando Bukele. Según se sabe, muchos alegaron que temían a la ira popular caso tomaran medidas duras contra el presidente; otros, se conformaron con condenar el hecho, y una buena parcela de la población aprobaron sin ambajes la ilegalidad. Sin embargo, más de alguno alertó a los diputados y al fiscal general Raúl Melara que si no frenaban al aprendiz de dictador en aquel momento sería él quien más adelante los quitaría de sus cargos.
Dicho y hecho, el primero de mayo de 2021 Bukele ordena a la Asamblea que en su primer acto legislativo remueva de sus cargos al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional quitándose así de enmedio los últimos baluartes de oposición que aún restaban, violando así la Constitución de la República de El Salvador, en particular el artículo 87, donde declara que "los órganos estalecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o una sola institución". La pena delante de esa grave violación a los derechos consagrados en la Constitución queda registrada en el comienzo del referido artículo donde "se reconoce el derecho del pueblo a la insurrecicón, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución".
Si el 9 de febrero Bukele ensayó alterar el orden constitucional invadiendo la Asamblea, el crimen fue consumado el 1 de mayo al remover de sus cargos a los magistrados de la Sala y al Fiscal General bajo falsas alegaciones, sin seguir el debido proceso constitucional que supone un juicio contra los imputados y el debido derecho de defensa, pero no sólo eso, nombra como magistrados a personas cuya idoneidad para el cargo es cuestionable, pero al mismo tiempo viola el debido procedimiento constitucional para el nombramiento plasmado en los artículo 186 y 187.
Las señales son claras, tanto el fiscal general como los magistrados de la Sala constituían un estorbo para las intenciones autoritarias del dictador y es por esa razón que los ha removido de sus cargos. Pero ya advirtió, "el pueblo no me eligió para negociar, todos van para afuera", así que para la próxima sesión plenaria lo más probable es que el dictador remueva de sus cargos al procurador de derechos humanos, a los magistrados de la Corte de Cuentas, al presidente del Tribunal Supremo Electoral, y cuantas personas estén en su camino que puedan constituir un impedimento a sus intenciones totalitarias.
Delante de esta situación la Constitución no deja dudas al respecto, "se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución". De no hacerlo, las consecuencias serán nefastas para el país, nos encontramos en el comienzo de una dictadura dirigida por un líder autoritario populista que ha conseguido engañar a buena parcela de la población al mejor estilo del caudillo lationamericano. El mal debe ser extirpado por la raíz, al transgresor y a sus secuaces se les debe remover de sus cargos y el partido que los llevó al poder debe ser declarado ilegal, principalmente por qué todo el proceso electoral fue viciado, el gobierno usó todos los recursos estatales para hacer propaganda para el partido oficial, cortó los recursos que por ley le corresponden a las alcaldías; el presidente hizo propaganda para su partido incluso el mismo día del pleito electoral, y estas deberían ser razones más que suficientes para anular el partido Nuevas Ideas y así también la elección que le dió la victoria y que ahora le está causando un grave daño a la institucionalidad salvadoreña.
Sin embargo nos quedaríamos cortos si apenas condenáramos a Bukele, sus secuaces y al partido Nuevas Ideas/GANA. Los acuerdos de paz firmados en el Castillo de Chapultepec el 16 de enero de 1992 nos indicaron el rumbo que el país debería seguir para poder consolidar la paz. La paz no consistía en apenas silenciar las armas, eso era apenas el comienzo; pero los partidos oriundos de la guerra, el FMLN y ARENA, aprovecharon la oportunidad para distribuirse los despojos pero en lugar de fortalecer la institucionalidad la debilitaron através de la impunidad, la corrupción, los acuerdos debajo de la mesa, los contratos amañados, los abusos policiales, los dobles salarios, los privilegios a la clase política, la persistente y ofensiva desigualdad, las repetidas violaciones a la Constitución, cosas que con el pasar del tiempo fueron debilitando la emergente y frágil democracia que se había conquistado con sangre, torturas, desaparecidos, huérfanos, millones de personas en el exilio, y que nos llevaron al punto donde nos encontramos en este momento crítico de nuestra historia.
Restaurar el orden constitucional aplicando el artículo 87 de la Constitución implicaría en una refundación del Estado Salvadoreño y en la retomada de los Acuerdos de Paz de 1992 en el punto donde fueron abandonados. Es urgente la firma de un nuevo pacto social donde se le cierren las puertas a la corrupción y a la impunidad para fortalecer las instituciones de tal forma que la democracia salvadoreña no dé más espacio para el surgimiento de caudillos autoritarios como el actual presidente. De no hacerlo estaríamos condenando al país a una larga y sufrida dictadura o a una nueva guerra civil en la medida en que el dictador vaya aumentando la represión, como sucedió en la antesala de la guerra civil del siglo pasado.
Es urgente por tanto que todas las fuerzas políticas y sociales y los amantes de la democracia y respetuosos del Estado de Derecho y de la institucionalidad, con el apoyo de la comunidad internacional y los países amigos, nos unamos para derrotar al dictador para poder así restaurar el orden constitucional.
