CRISIS, ¿DE QUIEN ES LA CULPA?

ARENA y la ANEP son incapaces de reconocer el fracaso de un modelo que apenas favorece a la clase económica dominante. El FMLN por su parte hace la lectura correcta de la realidad, pero al parecer esa lectura no pasa de un ejercicio de retórica porque hasta el presente momento ha sido incapaz de presentar y llevar hacia adelante un modelo alternativo al neoliberal.

Dos noticias me han llamado la atención el día de hoy: la primera, en el periódico digital La Página que trae a colación un discurso que Jorge Daboub pronunció el día de ayer al ser reelecto como presidente de la ANEP *. La segunda noticia, se trata de un comunicado de la comisión política del FMLN en alusión a la crisis económica actual y al tema de los subsidios estatales**.

Según Daboub, el gobierno actual ha fallado en materia de inseguridad, en la manera excesiva como gasta, al generar un clima hostil al empresariado, al cambiar las reglas de las legislaciones y al crear un clima de inestabilidad política que “le está generando serios problemas a nuestro país”, conforme podemos leer en el Diario Digital la Página.

Es curioso ver que Daboub se pronuncie en temas como la seguridad y el gasto público, considerando que el país fue clasificado como el más violento del mundo justamente durante la última administración de ARENA, y fue de esa manera que la administración actual recibió el país, con índices de criminalidad altísimos sin que podamos observar en las palabras de Daboub siquiera una vaga referencia a ese hecho.

De igual forma, cuando Daboub menciona el gasto público hace referencia a la creciente deuda pública del país, la cual asciende en este momento a aproximadamente 13,232.80 millones de dólares. Pero a decir verdad, ¿de qué está hablando el  presidente de la ANEP, si ARENA dejó el país en 2009 con una deuda pública de 11,173.50 millones de dólares? Daboub “se olvida” que el país pagó en 2009 un montante equivalente a 1491 millones en servicio de deuda, deuda que había sido adquirida por la administración ARENERA.  Y qué más podría decir ese señor, a no ser mentiras, si le recordamos que entre 2004 y 2009, período de la última administración ARENERA, el país pagó en concepto de deuda 4920.62 millones de dólares. ¿O quiere decir entonces que pagar casi 5000 millones sólo en servicio de deuda en 5 años, un equivalente a 1000 millones por año, es ser un gobierno austero que en nada contribuyó al endeudamiento del país? Y más, se le recuerda a Daboud que de 1991 hasta 2009 la deuda pública creció 3,55 veces, o sea, casi cuadriplicó, y eso sin tomar en consideración que fue en este período cuando ARENA vendió buena parte del patrimonio nacional, léase privatizaciones. Tendría mucho más que decir sobre este tema, como por ejemplo, el revés que el país sufrió en la balanza comercial cuando entró en vigor el tratado de libre comercio (TLC) con EUA, ¿tendría Daboub algo a decir al respecto? ¿O qué diría el presidente de la ANEP sobre la quiebra del agro salvadoreño que tuvo lugar durante las administraciones areneras? Ciertamente ese señor padece de amnesia…

Por su parte, el FMLN no se queda atrás en su pronunciamiento, acusa (y con razón) al modelo capitalista de la crisis mundial actual, pero lo que más llama la atención es el dualismo de su pronunciamiento. Hace un llamado a “hacer un viraje a fondo del modelo con que estamos gestionando la economía nacional y las políticas públicas que la acompañan”, note que el verbo está en la primera persona del plural.

A continuación el FMLN alerta sobre los riesgos de darle seguimiento al sistema sobre las premisas de la alta especulación financiera, especulación de los precios de la energía, gasto público y privados excesivos, evasión fiscal alta y penalización de los trabajadores a raíz de todos esos problemas, entre otras nefastas consecuencias.

Pero el pronunciamiento continua de manera inequívoca y no falla en recordarnos que los tratados de libre comercio son nocivos para las economías subdesarrolladas como la nuestra, así como la privatización de los servicios básicos y el comprometimiento de la seguridad alimentar al quebrar la agricultura del país con la imposición del TLC, “encareciendo así la vida de los sectores de menores ingresos que son la mayoría”. Igualmente el FMLN nos recuerda como la dolarización fue nociva para el país, alcanzando así el momento crucial del pronunciamiento cuando alerta  que “mientras no cambiemos estas graves imperfecciones que han impuesto el Consenso de Washington, seguir reventando al pueblo trabajador  será más que el camino para a una nueva crisis de Estado”, y note que el verbo nuevamente está en la primera persona del plural…

Sinceramente, yo no sé si aplaudirle al FRENTE por hacer un “mea culpa” de los propios errores del gobierno actual, o lamentar, por estar delante de un partido que veladamente asume que hace parte de un gobierno que se ha empeñado -contrario a lo que Daboub dice -en darle continuidad a las mismas políticas neoliberales del gobierno anterior. Me queda aquella nítida impresión que se trata de un documento reciclado de los años cuando el FRENTE aún era oposición y no gobierno. Al parecer, el FRENTE no se da cuenta que no es más oposición sino que Gobierno, y al hacer esa denuncia el partido está claramente asumiendo que hace parte de un gobierno continuista de un modelo fracasado, el modelo neoliberal.

Que yo sepa, ninguna de las políticas económicas neoliberales implementadas por ARENA en sus 20 años de administración fueron revertidas hasta el presente momento por Funes y el FMLN. El país continúa  endeudándose para poder cubrir el presupuesto, endeudamiento que siempre fue duramente criticado por el FMLN cuando era oposición, pero no sólo eso, el endeudamiento actual ha sido aprobado mayoritariamente con votos del FMLN. Entre otras medidas, el dólar continúa en circulación y el acuerdo stand-by con el FMI fue renovado en 2010 y va a ser renovado más una vez en los próximos días. De igual forma, una de las más emblemáticas banderas de campaña de la izquierda, la renegociación de la deuda pública, no ha sido ni tan siquiera nombrada ni por Funes ni por el FMLN. Todos los servicios públicos privatizados por ARENA, privatizados continúan, y todo esto apenas confirma que el FRENTE hace parte de un gobierno continuista,  neoliberal y de derecha.

ARENA y la ANEP son incapaces de reconocer el fracaso de un modelo que apenas favorece a la clase económica hegemónica. El FMLN por su parte hace la lectura correcta de la realidad, pero al parecer esa lectura no pasa de un ejercicio de retórica porque hasta el presente momento ha sido incapaz de presentar y llevar hacia adelante un modelo alternativo al neoliberal.

Delante de la cruda realidad apenas me resta concluir que esperar pasivamente hasta 2014 para que las dos principales gremiales políticas presenten más una vez a sus respectivos candidatos es apenas perpetuar la continuidad de un modelo fracasado. Es urgente que el pueblo se organice no en torno de un candidato mas en torno de un programa político alternativo.

Edwin Lima
edwinlima.blogspot.com

Fuentes:
* Reportaje Diario Digital la Página: http://bit.ly/MDxLSu
**Comunicado Comisión Política FMLN: http://bit.ly/KidzDx

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TRANSPORTE PÚBLICO: ¿SUBSIDIAR O ESTATIZAR?

El principio director de esta propuesta es llamar al Estado a asumir un papel activo en la economía y en la prestación de servicios fundamentales al ciudadano, como son el transporte público, agua, luz, etc. Contrario al dogma neoliberal que enseña que el Estado debe mantenerse al margen de la economía, el autor de esta propuesta cree que el Estado debe estar presente en la economía, no apenas como regulador sino que también como agente activo.

Más una vez nos encontramos delante del antiguo y eterno problema del transporte público. A raíz de la presión del FMI para que se haga superávit primario para así poder pagar la deuda pública, el gobierno Funes  ha avisado que irá reducir los subsidios de los transportistas. Esta medida evidentemente tendrá un impacto muy grande en el bolso de los salvadoreños, dado que los transportistas ya amenazan con aumentar las tarifas.

El problema es delicado, sin embargo, la solución no consiste ni en más ni en menos subsidios, porque con o sin subsidios la calidad del servicio prestado no va a mejorar. La solución consiste en que el Estado pase a ejercer un papel activo en el sistema de transporte público, y con ello quiero decir que no apenas regule el transporte (algo que tampoco hace) sino que también preste el servicio al usuario a través de la creación de una empresa estatal de transporte público.

El transporte público desempeña un papel crucial en la dinámica económica y en un país tan pobre como el nuestro, donde buena parte de la población hace uso de él, es imprescindible que el costo del transporte sea accesible al bolso de los usuarios, pero al mismo tiempo de buena calidad, seguro, puntual y que haya respeto al usuario, características que desde hace décadas no son observadas en el transporte colectivo salvadoreño, de manera particular en la ciudad capital.

A parte del pésimo servicio prestado, hay una serie de anomalías observadas en la manera como los subsidios son asignados sin que para ello el usuario del transporte reciba en contrapartida un servicio de calidad.

La solución por tanto consiste en la creación de una empresa estatal de transporte colectivo, en la cual no solamente participaría el Estado como también la iniciativa privada. Las últimas décadas han dado señales claras que el mercado es incapaz de ofrecerle al usuario un servicio de calidad a costos accesibles, y en este sentido la presencia del Estado en la prestación del servicio es fundamental.

Esta empresa estatal que se propone tendría las siguientes características:

1. Sería una empresa de capital abierto donde el Estado Salvadoreño tendría por lo menos 51% de las “acciones”, podría inclusive tener acciones negociadas en bolsa de valores y  tanto personas naturales como jurídicas podrían participar, lo que implica que tendría capital público y privado.

2. Los empresarios actuales que posean unidades habilitadas para prestar el servicio pasarán a actuar no como beneficiarios de la concesión y sí como accionistas de la nueva empresa, después de la debida evaluación de las unidades, valúo que sería convertido en acciones. Las unidades pasarían a hacer parte de la nueva empresa estatal y los empresarios recibirían a cambio participación en los lucros, pero la administración de la nueva empresa no les correspondería, esta sería de competencia del Estado.

3. El Estado entraría en el emprendimiento con nuevas unidades de transporte, en otras palabras, también invertiría en la nueva empresa.

4. Motoristas, cobradores, personal administrativo, mecánicos, etc., dejarían de trabajar para los empresarios y serían absorbidos por la nueva empresa estatal como funcionarios del Estado (Estado es diferente de gobierno, gobierno es transitorio).

5. Motoristas y cobradores recibirían capacitación sobre atendimiento al usuario para garantizar la calidad del servicio y el buen atendimiento a los usuarios

6. Tanto salvadoreños residentes en el país como en el exterior serían incentivados  a participar como inversores del proyecto.

Sobre el financiamiento.

Como ya fue dicho, este emprendimiento sería financiado con fondos privados y estatales, pero tendría al Estado como su gestor. Para los fondos estatales no se puede recurrir a más endeudamiento por lo que se sugiere la creación de un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras el cual sería utilizado para capitalizar el emprendimiento, para poder adquirir nuevas unidades, renovación de flota, crear la organización que gestionaría la nueva empresa, hacer una re-ingeniería de la red de transporte público, etc.

Con esta nueva organización los transportistas no recibirían más subsidios porque sería el Estado el gestor de la empresa. Aquellos transportistas que no desearen participar de la nueva empresa Estatal pero que aún posean unidades de transporte habilitadas para prestar el servicio podrían vender sus unidades al Estado a valor de mercado.

En la nueva empresa ancianos, estudiantes, personas con discapacidades pagarían cuotas diferenciadas, si posible gratuitas. De igual forma tanto las paradas de buses así como las unidades estarían habilitadas para prestar el servicio a personas con deficiencias físicas.

Para el usuario en general un único ticket sería suficiente  para hacer un recorrido que necesite usar más una ruta y de igual forma para el usuario frecuente se harían disponibles abonos mensuales y hasta anuales para poder usar el transporte colectivo a precios diferenciados.

El pago del transporte sería preferencialmente efectuado a través de tarjetas prepagas, esto para evitar el fraude y el asalto a las unidades, aunque el uso del efectivo no sería, por lo menos inicialmente, abolido totalmente.

En esta nueva empresa el patronato ejercería un papel fundamental en lo que dice respecto al pago de los costos del transporte público del trabajador, como sucede en muchos otros países.  La razón de esta propuesta es la siguiente: el uso del transporte colectivo tiene la finalidad de llevar al trabajador de su casa al lugar de trabajo por lo cual se entiende que es de interés primordial del patrón y de la producción que el trabajador pueda dislocarse hacia los centros de trabajo.

El principio director de esta propuesta es llamar al Estado a asumir un papel activo en la economía y en la prestación de servicios fundamentales al ciudadano, como son el transporte público, agua, luz, etc. Contrario al dogma neoliberal que enseña que el Estado debe mantenerse al margen de la economía, el autor de esta propuesta cree que el Estado debe estar presente en la economía, no apenas como regulador sino que también como agente activo.

De igual forma a los usuarios del transporte colectivo se les instaría a organizarse en una gremial de usuarios de tal forma que puedan también tener voz y voto en la nueva empresa Estatal. Así, la estructura organizacional de esta empresa estaría formada por el Estado, los inversionistas y los usuarios.

La problemática del transporte público y la manera como los transportistas chantajean al gobierno e irrespetan a los usuarios sólo se resolverá cuando el Estado asuma las riendas del sistema de transporte público. La ciega y necia insistencia en modelos fracasados jamás conseguirá sacar al país del agujero en que se encuentra.

Edwin Lima
http://edwinlima.blogspot.com

LA DEUDA PÚBLICA Y EL FMI

En el gráfico anterior también podemos notar claramente la tendencia de duplicación de la deuda en períodos de aproximadamente de 10 años, duplicación que se da en 2002 saliendo de 3323.3 millones de dólares en 1992 para 6391.9 millones en 2002, alcanzando el valor de 13232.8 millones dólares en 2012. Pero el gráfico nos muestra mucho más, podemos observar que durante los gobiernos de ARENA la deuda creció 3.55 veces, o sea, prácticamente cuadruplicó.

Fuente: Los datos son oriundos de las bases de datos públicos del BCR, Transparencia Fiscal y Ministerio de Hacienda.

En los últimos días el país fue informado por el FMI sobre la suspensión del acuerdo stand-by, acuerdo que le permitía al país disponer de 790 millones de dólares, caso fuera necesario. El motivo es que no se cumplieron las metas de gasto público, sino que se sobrepasaron. El equilibrio de las finanzas públicas era uno de los requisitos para mantener por tres años el acuerdo.

Pero a pesar de lo que diga el FMI, como de todos es sabido, delante de la incapacidad del país de generar ingresos suficientes para honrar sus compromisos es necesario adquirir deuda junto a los diversos organismos internacionales como el FMI el BID o el Banco Mundial y, en la peor de las hipótesis, levantar recursos directamente en el mercado financiero. Esa ha sido la regla durante el gobierno Funes pero también lo fue  durante las 4 administraciones anteriores del gobierno ARENA.

Para entender mejor la situación observemos la evolución de la deuda pública desde 1991 hasta 2011 en el gráfico anterior. Podemos notar que contrario a lo que ARENA dice hoy en día sobre la deuda, la situación con ellos no era diferente. Al analizar la media de crecimiento de la deuda en los últimos 4 períodos de gobierno (3 de ARENA y el período actual de Funes-FMLN) tenemos la siguiente tasa media por período presidencial como mostrado en el cuadro a seguir:

Presidente                          Periodo                   Media anual de
Armando Calderón Sol 1994-1999          7.37%
Francisco Flores         1999-2004          12.99%
Antonio Saca                 2004-2009          9.46%
Mauricio Funes                 2009-2012          8.01%

En el gráfico anterior también podemos notar claramente la tendencia de duplicación de la deuda en períodos de aproximadamente de 10 años, duplicación que se da en 2002 saliendo de 3323.3 millones de dólares en 1992 para 6391.9 millones en 2002, alcanzando el valor de 13232.8 millones dólares en 2012. Pero el gráfico nos muestra mucho más, podemos observar que durante los gobiernos de ARENA la deuda creció 3.55 veces, o sea, prácticamente cuadruplicó.

Sobre la acusación de la derecha que la deuda ha alcanzado proporciones del PIB nunca antes vistas en el país, el gráfico a seguir desmiente tal tesis, donde se muestra como la proporción de la deuda en relación al PIB tampoco era diferente con las administraciones areneras.

Ahora bien, tales constataciones apenas le quitan autoridad a ARENA y a la ANEP de criticar al gobierno Funes en este asunto, pero no le quitan de manera alguna la responsabilidad a la administración actual de mantener el gasto público bajo control evitando así el endeudamiento del país.

El país dispone en este momento de tres herramientas para controlar el crecimiento de la deuda: disminución del gasto público; aumento de los ingresos, lo cual se puede dar ya sea por un aumento de los impuestos o por el combate a la elusión y evasión; y la última alternativa es la renegociación de la deuda con los acreedores.

Renegociar el acuerdo stand-by con el FMI significa apenas apretarle más la cuerda al país, cortar en el gasto social, como siempre es de costumbre en estas circunstancias, lo que apenas empeorará las cuentas públicas, retardará el crecimiento, que ya anda mal, y no resolverá los problemas del país. Así siendo yo veo como salida en este momento las siguientes opciones:

1. Revisión minuciosa del gasto público en todos los órganos del Estado.

2. Renegociación de la deuda pública con todos los acreedores, y con renegociación entiéndase parar de pagar la deuda por un período prudencial, 3-5 años y renegociar las tasas de interés actuales.

3. Considerar seriamente un posible acuerdo con Venezuela (conforme propone el FMLN) y quien sabe también con Brazil, para pagar la deuda con los acreedores actuales y así conseguir con los nuevos potenciales socios tasas de interés más justas. Pensar en negociar por lo menos 50% de la deuda con estos socios no me parecería irrealista.

4. Mejorar los mecanismos de combate a la elusión y la evasión fiscal para mejorar así la recaudación.

5. Disminución en el número de ministerios. Por ejemplo, actualmente el país cuenta con el Ministerio de Economía, Hacienda y el Banco Central; ahora bien, si ni siquiera existe la  política monetaria porque la moneda corriente no le pertenece al país, ¿por qué entonces necesitamos tantos ministerios para cuidar de la economía?

6. Tasar las remesas, es una medida impopular pero antes de juzgar veamos los números. Actualmente ingresan al país aproximadamente 4000 millones de dólares en concepto de remesas. Si se tasaran las remesas al 3% por ejemplo, se tendría un ingreso adicional a las arcas del Estado de aproximadamente 120 millones.

7. Crear un impuesto sobre los bienes raíces, que en el país no existe, también sería una medida que ayudaría grandemente a mejorar las cuentas del Estado.

Con estas medidas (y hay más posibilidades) yo estimo que los ingresos del Estado podrían aumentar algo en torno de los 750-1000 millones de dólares lo que le permitiría al país invertir más y mejor, y al mismo tiempo dejar de gastar millones de dólares en un pago de una deuda absurda e impagable.

Salidas hay muchas, pero estas pasan lejos de la ortodoxia económica que el FMI y otros organismos internacionales le imponen al país. 

LOS DESPIDOS EN LAS MUNICIPALIDADES

El revanchismo político también pone en riesgo los cargos públicos, porque los partidos proceden muchas veces a remover de sus cargos a aquellos funcionarios que simpatizan con el partido opositor.

A cada cambio de administración municipal somos “bombardeados” con denuncias de despidos por parte del alcalde entrante, que evidentemente saca de la comuna a los funcionarios del partido opositor. Pero tal problemática no se limita a las municipalidades sino que también le es característica al gobierno central.

Esa situación es totalmente indeseada e inaceptable porque las cargos públicos no pueden estar sujetos al querer del gobierno de turno, y aunque exista una ley que regula los despidos, la misma es atropellada sea por gente de izquierda o de derecha, que al final quieren poner en los cargos públicos a gente de “su confianza”, o mejor dicho, militantes (y muchas veces familiares  y amigos) a quienes les ofrecieron los cargos durante la campaña política.

Esto no puede continuar así y aunque se hagan protestos tanto de un bando como del otro, la situación no va a cambiar y volveremos a ver el mismo problema en el próximo cambio de gobierno, sea este central o municipal.

¿Pero qué hacer? La solución pasa por un cambio radical en la dinámica de contratación para llenar los cargos públicos. Pero antes de presentar una propuesta para resolver este problema me parece importante destacar que los cargos públicos son pasibles de corrupción, el nepotismo por ejemplo(la contratación de familiares) es una práctica muy común entre los políticos. Otra práctica común es la existencia de “funcionarios fantasmas”, que son aquellos que constan en la planilla del órgano público pero que jamás se presentan a trabajar. A parte de ello, no son apenas las municipalidades que sufren de este mal, sino que todos los órganos públicos, y es lamentable que en el país, para poder acceder a un empleo público, sea más importante tener un buen “conecte” que estar capacitado para ejercer una determinada función. El revanchismo político también pone en riesgo los cargos públicos, porque los partidos proceden muchas veces a remover de sus cargos a aquellos funcionarios que simpatizan con el partido opositor.

¿Que se sugiere entonces para resolver este problema de una vez por todas? En muchos países se reconoce la carrera del funcionalismo público la cual es gobernada por la debida legislación y para acceder a un cargo estatal es necesario pasar por las siguientes etapas:

1. El gobierno (central o municipal) publica a través del diario oficial la disponibilidad de vacantes para determinados cargos públicos.

2. Para llenar las vacantes se hace una convocatoria para la realización de un concurso público donde todas las personas interesadas que reúnan los requisitos mínimos pueden inscribirse bajo la presentación de la documentación debida que compruebe que el candidato llena los requisitos debidos.

3. Los concursos públicos consisten en exámenes para determinadas materias que los candidatos deben prestar para probar que están capacitados para llenar el cargo, de tal forma que los candidatos aprobados son convocados a asumir funciones de acuerdo con las notas obtenidas (en orden descendiente) y conforme a la cantidad de vacantes disponibles.

4. Para la realización de los exámenes a ser realizados en el concurso público, el gobierno publica los contenidos programáticos de dichos exámenes y eventuales manuales con los contenidos que serán examinados.

5. Una vez que el resultado del concurso ha sido publicado, se procede a la llamada de los candidatos aprobados en orden descendiente de acuerdo a las notas obtenidas.

6. Se instituye una comisión para cada concurso público que elaborará el contenido de los exámenes y también realizará su calificación una vez que el concurso haya sido prestado por los candidatos.

7. La tarea de la elaboración del contenido deberá ser hecha con muchos meses de anticipación, de tal forma que los candidatos tengan tiempo suficiente de prepararse para prestar los exámenes de las materias exigidas por el concurso público.

8. Tanto la divulgación de los exámenes antes del concurso como el fraude en la calificación de los mismos deberá ser punido con todo el rigor de la ley.

Una vez que un ciudadano haya asumido un determinado cargo público el mismo no podrá ser despedido por gusto y antojo del nuevo edil de una alcaldía por ejemplo, o porque al nuevo ministro se le antoja que quiere que su ministerio sea ocupado por gente de su confianza (léase bandera partidaria). Con la institución de la carrera del funcionalismo público se despolitizarían los cargos públicos y estos serían ocupados no por banderas políticas sino que por ciudadanos salvadoreños independientemente de su preferencia partidaria.

Los únicos cargos que no estarían sujetos a concurso público serían los cargos electivos (alcaldes, diputados, ministros) y los puestos de confianza o de alto nivel como de ministros, cónsules y embajadores, y eventualmente los auxiliares de los diputados en la Asamblea Legislativa, cargos que por cierto necesitan ser legislados con más rigor por el gobierno central.

Se deja registrada la propuesta y se hace la convocatoria para que un señor diputado (a) la proponga a la dignísima Asamblea Legislativa.

Edwin Lima