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El principio director de esta propuesta es llamar al Estado a asumir un papel activo en la economía y en la prestación de servicios fundamentales al ciudadano, como son el transporte público, agua, luz, etc. Contrario al dogma neoliberal que enseña que el Estado debe mantenerse al margen de la economía, el autor de esta propuesta cree que el Estado debe estar presente en la economía, no apenas como regulador sino que también como agente activo.
Más una vez nos encontramos delante del antiguo y eterno problema del transporte público. A raíz de la presión del FMI para que se haga superávit primario para así poder pagar la deuda pública, el gobierno Funes ha avisado que irá reducir los subsidios de los transportistas. Esta medida evidentemente tendrá un impacto muy grande en el bolso de los salvadoreños, dado que los transportistas ya amenazan con aumentar las tarifas.
El problema es delicado, sin embargo, la solución no consiste ni en más ni en menos subsidios, porque con o sin subsidios la calidad del servicio prestado no va a mejorar. La solución consiste en que el Estado pase a ejercer un papel activo en el sistema de transporte público, y con ello quiero decir que no apenas regule el transporte (algo que tampoco hace) sino que también preste el servicio al usuario a través de la creación de una empresa estatal de transporte público.
El transporte público desempeña un papel crucial en la dinámica económica y en un país tan pobre como el nuestro, donde buena parte de la población hace uso de él, es imprescindible que el costo del transporte sea accesible al bolso de los usuarios, pero al mismo tiempo de buena calidad, seguro, puntual y que haya respeto al usuario, características que desde hace décadas no son observadas en el transporte colectivo salvadoreño, de manera particular en la ciudad capital.
A parte del pésimo servicio prestado, hay una serie de anomalías observadas en la manera como los subsidios son asignados sin que para ello el usuario del transporte reciba en contrapartida un servicio de calidad.
La solución por tanto consiste en la creación de una empresa estatal de transporte colectivo, en la cual no solamente participaría el Estado como también la iniciativa privada. Las últimas décadas han dado señales claras que el mercado es incapaz de ofrecerle al usuario un servicio de calidad a costos accesibles, y en este sentido la presencia del Estado en la prestación del servicio es fundamental.
Esta empresa estatal que se propone tendría las siguientes características:
1. Sería una empresa de capital abierto donde el Estado Salvadoreño tendría por lo menos 51% de las “acciones”, podría inclusive tener acciones negociadas en bolsa de valores y tanto personas naturales como jurídicas podrían participar, lo que implica que tendría capital público y privado.
2. Los empresarios actuales que posean unidades habilitadas para prestar el servicio pasarán a actuar no como beneficiarios de la concesión y sí como accionistas de la nueva empresa, después de la debida evaluación de las unidades, valúo que sería convertido en acciones. Las unidades pasarían a hacer parte de la nueva empresa estatal y los empresarios recibirían a cambio participación en los lucros, pero la administración de la nueva empresa no les correspondería, esta sería de competencia del Estado.
3. El Estado entraría en el emprendimiento con nuevas unidades de transporte, en otras palabras, también invertiría en la nueva empresa.
4. Motoristas, cobradores, personal administrativo, mecánicos, etc., dejarían de trabajar para los empresarios y serían absorbidos por la nueva empresa estatal como funcionarios del Estado (Estado es diferente de gobierno, gobierno es transitorio).
5. Motoristas y cobradores recibirían capacitación sobre atendimiento al usuario para garantizar la calidad del servicio y el buen atendimiento a los usuarios
6. Tanto salvadoreños residentes en el país como en el exterior serían incentivados a participar como inversores del proyecto.
Sobre el financiamiento.
Como ya fue dicho, este emprendimiento sería financiado con fondos privados y estatales, pero tendría al Estado como su gestor. Para los fondos estatales no se puede recurrir a más endeudamiento por lo que se sugiere la creación de un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras el cual sería utilizado para capitalizar el emprendimiento, para poder adquirir nuevas unidades, renovación de flota, crear la organización que gestionaría la nueva empresa, hacer una re-ingeniería de la red de transporte público, etc.
Con esta nueva organización los transportistas no recibirían más subsidios porque sería el Estado el gestor de la empresa. Aquellos transportistas que no desearen participar de la nueva empresa Estatal pero que aún posean unidades de transporte habilitadas para prestar el servicio podrían vender sus unidades al Estado a valor de mercado.
En la nueva empresa ancianos, estudiantes, personas con discapacidades pagarían cuotas diferenciadas, si posible gratuitas. De igual forma tanto las paradas de buses así como las unidades estarían habilitadas para prestar el servicio a personas con deficiencias físicas.
Para el usuario en general un único ticket sería suficiente para hacer un recorrido que necesite usar más una ruta y de igual forma para el usuario frecuente se harían disponibles abonos mensuales y hasta anuales para poder usar el transporte colectivo a precios diferenciados.
El pago del transporte sería preferencialmente efectuado a través de tarjetas prepagas, esto para evitar el fraude y el asalto a las unidades, aunque el uso del efectivo no sería, por lo menos inicialmente, abolido totalmente.
En esta nueva empresa el patronato ejercería un papel fundamental en lo que dice respecto al pago de los costos del transporte público del trabajador, como sucede en muchos otros países. La razón de esta propuesta es la siguiente: el uso del transporte colectivo tiene la finalidad de llevar al trabajador de su casa al lugar de trabajo por lo cual se entiende que es de interés primordial del patrón y de la producción que el trabajador pueda dislocarse hacia los centros de trabajo.
El principio director de esta propuesta es llamar al Estado a asumir un papel activo en la economía y en la prestación de servicios fundamentales al ciudadano, como son el transporte público, agua, luz, etc. Contrario al dogma neoliberal que enseña que el Estado debe mantenerse al margen de la economía, el autor de esta propuesta cree que el Estado debe estar presente en la economía, no apenas como regulador sino que también como agente activo.
De igual forma a los usuarios del transporte colectivo se les instaría a organizarse en una gremial de usuarios de tal forma que puedan también tener voz y voto en la nueva empresa Estatal. Así, la estructura organizacional de esta empresa estaría formada por el Estado, los inversionistas y los usuarios.
La problemática del transporte público y la manera como los transportistas chantajean al gobierno e irrespetan a los usuarios sólo se resolverá cuando el Estado asuma las riendas del sistema de transporte público. La ciega y necia insistencia en modelos fracasados jamás conseguirá sacar al país del agujero en que se encuentra.
Edwin Lima
http://edwinlima.blogspot.com
Más una vez nos encontramos delante del antiguo y eterno problema del transporte público. A raíz de la presión del FMI para que se haga superávit primario para así poder pagar la deuda pública, el gobierno Funes ha avisado que irá reducir los subsidios de los transportistas. Esta medida evidentemente tendrá un impacto muy grande en el bolso de los salvadoreños, dado que los transportistas ya amenazan con aumentar las tarifas.
El problema es delicado, sin embargo, la solución no consiste ni en más ni en menos subsidios, porque con o sin subsidios la calidad del servicio prestado no va a mejorar. La solución consiste en que el Estado pase a ejercer un papel activo en el sistema de transporte público, y con ello quiero decir que no apenas regule el transporte (algo que tampoco hace) sino que también preste el servicio al usuario a través de la creación de una empresa estatal de transporte público.
El transporte público desempeña un papel crucial en la dinámica económica y en un país tan pobre como el nuestro, donde buena parte de la población hace uso de él, es imprescindible que el costo del transporte sea accesible al bolso de los usuarios, pero al mismo tiempo de buena calidad, seguro, puntual y que haya respeto al usuario, características que desde hace décadas no son observadas en el transporte colectivo salvadoreño, de manera particular en la ciudad capital.
A parte del pésimo servicio prestado, hay una serie de anomalías observadas en la manera como los subsidios son asignados sin que para ello el usuario del transporte reciba en contrapartida un servicio de calidad.
La solución por tanto consiste en la creación de una empresa estatal de transporte colectivo, en la cual no solamente participaría el Estado como también la iniciativa privada. Las últimas décadas han dado señales claras que el mercado es incapaz de ofrecerle al usuario un servicio de calidad a costos accesibles, y en este sentido la presencia del Estado en la prestación del servicio es fundamental.
Esta empresa estatal que se propone tendría las siguientes características:
1. Sería una empresa de capital abierto donde el Estado Salvadoreño tendría por lo menos 51% de las “acciones”, podría inclusive tener acciones negociadas en bolsa de valores y tanto personas naturales como jurídicas podrían participar, lo que implica que tendría capital público y privado.
2. Los empresarios actuales que posean unidades habilitadas para prestar el servicio pasarán a actuar no como beneficiarios de la concesión y sí como accionistas de la nueva empresa, después de la debida evaluación de las unidades, valúo que sería convertido en acciones. Las unidades pasarían a hacer parte de la nueva empresa estatal y los empresarios recibirían a cambio participación en los lucros, pero la administración de la nueva empresa no les correspondería, esta sería de competencia del Estado.
3. El Estado entraría en el emprendimiento con nuevas unidades de transporte, en otras palabras, también invertiría en la nueva empresa.
4. Motoristas, cobradores, personal administrativo, mecánicos, etc., dejarían de trabajar para los empresarios y serían absorbidos por la nueva empresa estatal como funcionarios del Estado (Estado es diferente de gobierno, gobierno es transitorio).
5. Motoristas y cobradores recibirían capacitación sobre atendimiento al usuario para garantizar la calidad del servicio y el buen atendimiento a los usuarios
6. Tanto salvadoreños residentes en el país como en el exterior serían incentivados a participar como inversores del proyecto.
Sobre el financiamiento.
Como ya fue dicho, este emprendimiento sería financiado con fondos privados y estatales, pero tendría al Estado como su gestor. Para los fondos estatales no se puede recurrir a más endeudamiento por lo que se sugiere la creación de un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras el cual sería utilizado para capitalizar el emprendimiento, para poder adquirir nuevas unidades, renovación de flota, crear la organización que gestionaría la nueva empresa, hacer una re-ingeniería de la red de transporte público, etc.
Con esta nueva organización los transportistas no recibirían más subsidios porque sería el Estado el gestor de la empresa. Aquellos transportistas que no desearen participar de la nueva empresa Estatal pero que aún posean unidades de transporte habilitadas para prestar el servicio podrían vender sus unidades al Estado a valor de mercado.
En la nueva empresa ancianos, estudiantes, personas con discapacidades pagarían cuotas diferenciadas, si posible gratuitas. De igual forma tanto las paradas de buses así como las unidades estarían habilitadas para prestar el servicio a personas con deficiencias físicas.
Para el usuario en general un único ticket sería suficiente para hacer un recorrido que necesite usar más una ruta y de igual forma para el usuario frecuente se harían disponibles abonos mensuales y hasta anuales para poder usar el transporte colectivo a precios diferenciados.
El pago del transporte sería preferencialmente efectuado a través de tarjetas prepagas, esto para evitar el fraude y el asalto a las unidades, aunque el uso del efectivo no sería, por lo menos inicialmente, abolido totalmente.
En esta nueva empresa el patronato ejercería un papel fundamental en lo que dice respecto al pago de los costos del transporte público del trabajador, como sucede en muchos otros países. La razón de esta propuesta es la siguiente: el uso del transporte colectivo tiene la finalidad de llevar al trabajador de su casa al lugar de trabajo por lo cual se entiende que es de interés primordial del patrón y de la producción que el trabajador pueda dislocarse hacia los centros de trabajo.
El principio director de esta propuesta es llamar al Estado a asumir un papel activo en la economía y en la prestación de servicios fundamentales al ciudadano, como son el transporte público, agua, luz, etc. Contrario al dogma neoliberal que enseña que el Estado debe mantenerse al margen de la economía, el autor de esta propuesta cree que el Estado debe estar presente en la economía, no apenas como regulador sino que también como agente activo.
De igual forma a los usuarios del transporte colectivo se les instaría a organizarse en una gremial de usuarios de tal forma que puedan también tener voz y voto en la nueva empresa Estatal. Así, la estructura organizacional de esta empresa estaría formada por el Estado, los inversionistas y los usuarios.
La problemática del transporte público y la manera como los transportistas chantajean al gobierno e irrespetan a los usuarios sólo se resolverá cuando el Estado asuma las riendas del sistema de transporte público. La ciega y necia insistencia en modelos fracasados jamás conseguirá sacar al país del agujero en que se encuentra.
Edwin Lima
http://edwinlima.blogspot.com
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