A 21 AÑOS DE LOS ACUERDOS DE PAZ...

El 16 de enero de 1992 se firmaron los acuerdos de paz que pusieron fin a la sangrienta guerra civil en El Salvador, guerra que le costó al país la muerte de 75 mil personas, algunos millares de desaparecidos, lisiados y exiliados en diversos puntos del planeta.

La guerra civil surge como una reacción de los movimientos sociales o de masas ante la represión de los militares y, al agotarse los espacios de negociación con el fracaso de la segunda junta revolucionaria de gobierno, no le resta sino  a la gente retirarse a las montañas y desde allá comenzar a presionar al gobierno por la vía armada para poder así alcanzar las reivindicaciones de justicia social por las cuales el país clamaba (y clama) a gritos.

El proceso de paz dio inicio con el presidente José Napoleón Duarte, proceso que culminó en la negociación seguida de la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México bajo en el mandato de Alfredo Cristiani Burkard.

Los acuerdos contemplaron diversos aspectos, desde la desmovilización de los órganos represores (Guardia Nacional, Polícia de Hacienda, Policía Nacional, etc), la apertura democrática para las fuerzas de izquierda, el cese al fuego, el respeto a los derechos humanos así como reformas a la Constitución que viabilizarían los acuerdos.

Sin embargo, en el plano económico, crucial para el desarrollo social del país y para el combate a las desigualdades, las fuerzas económicas hegemónicas no cedieron ni un centímetro, y todas las reivindicaciones de justicia social, mejor distribución de los ingresos, salud, educación, vivienda, para todos, fueron relegadas a segundo plano.

Con un FMLN ansioso más por la negociación y el fin del conflicto que por la continuidad del mismo en vías de la victoria, las negociaciones se llevaron a cabo y aunque no podemos negar que lo alcanzado constituyó un gran avance para el país, la factura de lo que no fue alcanzado, sin lugar a dudas lo más importante, le llegó al país a pocos años de acabado el conflicto. La impunidad reinó y ya en 1993 ante la revelación del reporte de la Comisión de la Verdad que investigó las diversas violaciones a los derechos humanos perpetrados mayoritariamente por el ejército aunque también en menor medida por la guerrilla, la derecha al ver amenazados a sus “mejores cuadros”, aquellos que habían luchado para garantizarle la hegemonía económica de la que siempre habían gozado, da un golpe de timón y aprueba en un madrugón la ley de amnistía, ley que vendría a favorecer no apenas a los militares de la FAES y al presidente Alfredo Cristiani como también a muchos ex - guerrilleros que tenían esqueletos escondidos en el armario.

A pesar de la inserción de la izquierda en el juego político electorero, la derecha mantiene su hegemonía en los tres poderes y durante cuatro administraciones seguidas desbarata el patrimonio del país privatizando buena parte de las empresas que estaban en manos del Estado Salvadoreño, como la banca, el sector de telecomunicaciones, el sistema de pensiones, entre otros segmentos, incluso ofreciéndoles ventajas a los “inversionistas” internacionales por las cuales posteriormente - como lo estamos viendo hoy en día en el caso CEL-ENEL - el país vería seriamente afectados sus intereses.

La corrupción igualmente fue otro trazo de ese período y la implementación hasta el extremo del modelo neoliberal acaba reduciendo al mínimo el Estado, entregándole a la iniciativa privada roles cruciales para el desarrollo social y económico del país.

Como si eso fuera poco, en 2001 la economía es dolarizada fragilizando más aún la capacidad exportadora del país, reduciendo el poder adquisitivo del trabajador y como tiro de gracia el gobierno de derecha de ARENA firma el Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, que expondría al país a condiciones totalmente desiguales de competitividad con el gigante del norte, teniendo como consecuencia el aumento de las importaciones con serios prejuicios en la balanza comercial, la quiebra del agro y una reducción aún mayor de la capacidad exportadora del país.

A esa altura del campeonato, ante las deportaciones masivas de los hijos de inmigrantes que en los 80’s habían huído hacia los EUA, y siendo muchos de ellos miembros de las peligrosas pandillas del Barrio 18 y Mara Salvatrucha, la criminalidad impera en el país, las empresas de seguridad privada se proliferan, el número de muertes comienza a ascender a tal punto que en 2009 el país es declarado el más violento del mundo con tasas de muertes oscilando entre los 14 y 16 óbitos diarios. De igual forma el país acabó formando parte de lo que se conoce como el triángulo Norte, una de las regiones más peligrosas del planeta por donde circula buena parte de la droga oriunda de Sudamérica con destino a los Estados Unidos.

Ese fue el precio que el país tuvo que pagar como resultado de unos acuerdos de paz que si por un lado pusieron fin al conflicto armado y permitieron la inserción al proceso democrático de las fuerzas de izquierda, por el otro, no tocaron las estructuras de poder que mantenían al pueblo en la opresión y la pobreza.

Pero el ciclo de los acuerdos de paz se completó en marzo de 2009 cuando el FMLN, en alianza con Mauricio Funes y sus amigos, consiguieron sacar del poder a la derecha representada por ARENA, iniciando un nuevo ciclo de expectativas para el pueblo salvadoreño, expectativas que con el pasar de los años se han visto frustradas ante la incapacidad del gobierno de llevar a cabo los cambios estructurales que el país necesita para sacar a millares de salvadoreños de la miseria.

Si las dictaduras militares no consiguieron acabar con la miseria y la exclusión social, incluso porque no lo buscaban, al parecer la democracia tampoco ha sido capaz de, después de 21 años de “paz”, traerle al país la tan anhelada justicia social.

Me atrevo a decir que la impunidad es en buena medida responsable por  nuestro fracaso; escuchamos diariamente como los ciudadanos defienden a verdaderos criminales de guerra. Por su parte, el Estado salvadoreño ha resistido juzgar, o incluso entregar a la justicia internacional, a sus criminales de guerra. Genocidas circulan libremente en el país y los gritos de guerra del mayor partido de derecha del país continúan a encantar a jóvenes y adultos, sin que estos sean capaces de reconocer que su partido fue fundado por un genocida. Por el lado de la izquierda muchos de sus miembros, que también cometieron crímenes de guerra, continúan en la impunidad y algunos incluso ocupan importantes cargos en el gobierno del presidente Funes, otros son asesores estratégicos de países amigos o han sido agraciados con becas de estudios en importantes instituciones académicas.

En El Salvador la justicia simplemente protege y premia al criminal lo que impide que se pueda avanzar y sentar un precedente de tal forma que los mismos delitos no sean cometidos nuevamente y podamos así pasar a limpio esa sangrienta página de nuestra historia. Los que en otros tiempos cometieron serias violaciones a los derechos humanos, desde la firma de los acuerdos de paz han ejercido importantes cargos en los gobiernos de turno, han sido nombrado diputados, alcaldes o simplemente acabaron su mandato presidencial sin que les preocupara perder su inmunidad y ser juzgados por los crímenes de los cuáles se les acusa. Sobre otros pesan serias sospechas de envolvimiento en asesinatos en serie de sus compañeros de lucha en las filas guerrilleras, cargos que evidentemente ellos niegan, pero a pesar de ello ejercen importantes cargos en el gobierno actual y ya vislumbran vuelos más altos para las próximas elecciones presidenciales…

De igual forma, la propia naturaleza represiva del Estado contribuye a que las cosas continúen como estaban o hasta peor. En los acuerdos de paz se modificó la Constitución para restarle poder a los órganos represores, pero nada se hizo para impedir que el Estado continuara al servicio de los intereses de una minoría privilegiada, y si el Estado ya no reprime por la vía de las armas, continua a hacerlo a través de la ejecución de leyes que le garantiza la hegemonía a los grupos económicos de siempre. Si durante los 20 años del gobierno de ARENA los tres poderes actuaron al servicio de las minorías abastadas, con la llegada del FMLN al poder las cosas tampoco han sido diferentes, ellos continúan a servirse del Estado para la satisfacción de sus intereses o  de otros grupos políticos que les han concedido su apoyo a cambio de cargos y prebendas políticas.

Violaciones a la Constitución tanto por la izquierda como por la derecha, interferencia entre los poderes del Estado, desacatos a fallos de la Sala de lo Constitucional, engavetamiento de importantes demandas de inconstitucionalidad o la concesión de fallos relámpagos sin que se explique el por qué de tanta prisa mientras centenas de otras demandas esperan en la fila por años para ser juzgados, han estado a la orden del día en los últimos 21 años.

No podríamos dejar de destacar de igual forma la evasión y la elusión fiscal por parte de la derecha empresarial y, a lo que todo indica, la izquierda y sus empresas también han estado fraudando al fisco conforme nos hemos enterado en los últimos días. ¿Y qué decir de entidades como la Corte de Cuentas o el Ministerio Público que durante años han estado al servicio de los gobiernos de turno, incluso el actual? ¿Y la violación de los acuerdos de paz al nombrar militares para los cargos de Defensa y Seguridad Pública y la Policía Nacional Civil?

Delante de este cuadro, ¿podemos decir que se alcanzó la paz? A decir verdad, la guerra nunca acabó, apenas salió de la esfera bélica y pasó a la esfera política. Las mismas fuerzas que se enfrentaron durante el conflicto continúan luchando aunque con distintas armas, y el pueblo continua siendo víctima de los intereses y caprichos de las fuerzas políticas y económicas hegemónicas. Me atrevería igualmente a decir que el país necesita superar esa generación de políticos y banderas que comenzaron y acabaron la guerra civil. El pueblo necesita reinventarse políticamente, superar la polarización ARENA – FMLN así como también a los otros partidos políticos parásitos de estos últimos.

Pero por encima de todo, necesitamos entender que la democracia no es un evento, no es un sacramento conmemorativo que se repite a cada tres o cinco años cuando somos convocados a decidir qué partido político se burlará de nuestra cara durante el próximo período. La democracia es un proceso, por lo cual activo, vivo, un proceso de luchas y no de negocios turbios por debajo de la mesa, donde todos debemos participar de la tomada decisiones, un proceso que dispensa los gurús, los iluminados, los caudillos, los líderes vitalicios. En la democracia participamos todos, nos organizamos, nos renovamos, buscamos todos juntos salidas para nuestros problemas.

La democracia actual no nos sirve, es una democracia al servicio de los intereses de las minorías hegemónicas, es una democracia al servicio del mercado, de los políticos sin escrúpulos, de la oligarquía, de las multinacionales, pero jamás a servicio del pueblo.

A 21 años de haber alcanzado la paz ya estamos grandes lo suficiente como para entender que el camino trillado hasta este momento ha sido equivocado. Comenzar desde abajo, reinventarnos, organizarnos, tener la osadía de pensar diferente y contra todos los pronósticos de los poderes hegemónicos nacionales e internacionales, cambiar radicalmente nuestra forma de pensar, de sentir, de ser país, sólo así podremos fundar un país para todos.

Edwin Lima
edwinlima.blogspot.com