DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y GOBERNANZA SOCIAL

En una entrega anterior cuyo título era “El Fracaso de la Democracia Representativa”, hablaba de la farsa que ha mostrado ser la democracia representativa, donde los representantes están apenas interesados en satisfacer sus apetitos de poder, dinero y control de la cosa pública para sus exclusivos beneficios o de las organizaciones que representan, sean estas sus propios partidos políticos o los grupos económicos hegemónicos.

Pero aparte de la democracia representativa, donde el soberano es representado por ciudadanos electos por la vía de las urnas, donde les es concedido a estos el poder de tomar decisiones sobre el destino de la nación, conocemos también la democracia participativa que no es sino una forma de democracia donde la sociedad civil participa activamente de la tomada de decisiones políticas, modalidad que les concede a los ciudadanos la capacidad de ejercer una influencia más directa en las decisiones políticas.

Sin embargo, cuando se habla de democracia participativa se hace alusión a la organización ciudadana en comités de barrio, en asociaciones de padres de familia en las escuelas, en asociaciones de defensa al consumidor, etc. Se habla también de instituciones como los referéndums y los plebiscitos, presentes en algunos países como Brazil, Venezuela, Bolivia, pero al final de las cuentas, en muchos de estos lugares el pueblo es convocado a decidir sobre temas cruciales, pero difícilmente se le convoca para decidir sobre el presupuesto de la nación, sobre la adquisición de préstamos que eventualmente puedan comprometer la soberanía nacional. En El Salvador pudimos observar cómo se dolarizó la economía o se pasó a hacer parte del Tratado de Libre Comercio con EUA, o más aún, como se aprobó una ley de amnistía para proteger a los criminales de guerra que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado salvadoreño, sin haber consultado al pueblo si era lo que realmente se quería para el país. Y es a eso a lo que se le llama democracia representativa, a un sistema donde el pueblo apenas decide quién es que va a decidir pero una vez electos los representantes el pueblo es ignorado hasta la próxima elección.

Pero qué tal imaginarse un escenario donde el pueblo es convocado a decidir el tipo de transporte público que desea, y no sólo eso, sino que también es llamado a participar del proceso de tomada de decisiones cotidiano del sistema de transporte público. O qué tal imaginarse un banco donde los ahorrantes tienen voz y voto en las decisiones cruciales para el funcionamiento de la institución bancaria, a final, ¿no son por acaso los ahorrantes verdaderos inversionistas de los bancos al depositar en los cofres de esa organización sus ahorros e ingresos mensuales? ¿No tendrían por acaso los ahorrantes, ciudadanos comunes, que hacer parte de la directiva de esa empresa? ¿No sería el caso que los clientes de una empresa de telecomunicaciones también deberían hacer parte de la directiva de, digamos, Digicel, de tal forma que los usuarios del servicio de telefonía, un servicio inminentemente de interés público, pudieran tener voz y voto en las decisiones de estas empresas? ¿Por qué no?

Hasta aquí hemos mencionado la posibilidad de que la sociedad civil, los usuarios de los servicios de interés público, participen de la tomada de decisiones de las empresas prestadores de los servicios, pero hay un elemento que faltaría en esta construcción, el Estado, que participaría de estas empresas a través de agencias de contraloría.

A este tipo de gestión, donde los servicios de interés público son gobernados no apenas por los dueños de los servicios como también por sus usuarios y por el Estado, es a lo que yo llamaría de Gobernanza Social, que no sería sino uno de los diferentes aspectos que deberían ser considerados en la democracia participativa. El modelo consiste por tanto en que los servicios de interés público sean co-gobernados por tres agentes a saber:

1. el Estado,
2. la iniciativa privada (cuando se trata de servicios ofrecidos por entes privados) y
3. los usuarios del servicio.

Lo que estamos viendo actualmente es una falencia total del sistema actual, donde los agentes privados hacen y deshacen con la población al ofrecerle servicios que atienden única y exclusivamente al lucro, sin que exista una preocupación mayor con lo que realmente interesa a la población. Vemos por ejemplo como los bancos llevaron a la quiebra al sistema financiero mundial al hacer apuestas financieras a través de modelos de dudosa legitimidad, como por ejemplo las famosas hipotecas “sub-prime” que quebraron el mercado inmobiliario estadounidense. De igual forma estamos viendo en este momento la banca española siendo rescatada por el Banco Central Europeo con un montante de 100 mil millones de euros, mientras que se hacen recortes en el presupuesto del país por un monto de 28 mil millones; yo creo que no hay que ser economista ni PHD en mercado financiero para entender que hay algo muy equivocado en un país cuando se corta en la carne del ciudadano pero por otro lado se le da al sistema financiero un montante 3 veces superior a lo que el país tiene que ahorrar para ceñirse a las exigencias de déficit presupuestario de Bruselas y del BCE, y peor aún, quien da las garantías caso la institución financiera no consiga pagar ¡es el Estado!

Pero yo me pregunto, ¿será que todas esos abusos habrían acontecido si los ciudadanos y el Estado también hubieran estado presentes a la hora de tomar las decisiones que llevaron a España a ese caos financiero? ¿Será que Digicel, Claro y Telefónica habrían instituido la tarifa básica inicial si la asociación de usuarios del sistema de telefonía y la agencia contralora del gobierno hubieran estado presentes con voz y voto para vetar esas decisiones? ¿Será qué las tasas de intereses serían tan elevadas en el país si los usuarios del sistema de crédito estuviesen presentes a la hora de definir el valor de esas tasas?

La gobernanza social consiste pues en que el pueblo  junto con el Estado y los agentes privados ejerzan la gestión de las entidades prestadoras de servicios de interés público para prevenir los abusos cometidos por los agentes privados pero también para orientar las inversiones de estas empresas para el bienestar no apenas privado como también público y poder asesorar a la población sobre las empresas que mejor servicio le prestan al país.

La implementación de mecanismos de gobernanza social requiere de un gobierno verdaderamente comprometido con los intereses de la nación  pero lo que hemos visto en El Salvador y en el mundo, por qué no decirlo, es exactamente lo contrario, el Estado representa casi que exclusivamente los intereses de los poderes económicos hegemónicos y los intereses del pueblo están siempre relegados al último lugar.

Como pueblo debemos luchar para darle lugar a la democracia participativa y al mismo tiempo aprovechar esta ventana de oportunidad que se nos abre delante del fracaso de la democracia representativa y del capitalismo como tal.

Edwin Lima
edwinlima.blogspot.com

PREGUNTAS SIN RESPUESTA

¿No será que el único objetivo de esa crisis es fortalecer el voto duro del Frente, mismo a sabiendas que la batalla en sí misma es una batalla de antemano perdida?... ¿Tienen por acaso el FMLN, ARENA, GANA, PDC o PCN, alguna autoridad moral o ética para defender la democracia salvadoreña, el Estado de Derecho y la Constitución delante de tantos atropellos?

¿Cuál es el sentido de una crisis como la que el país está pasando en este momento? ¿Qué es lo que el país tiene a ganar cuando un bloque político resuelve que la Sala de lo Constitucional no es la última autoridad en materia Constitucional? ¿Y quién es entonces? ¿Esta guerra sin cuartel ya tenía escrito desde el comienzo su final? ¿Constituye esta crisis apenas un “remake”, una repetición de lo que otrora fue el decreto 743? ¿Tiene la derecha autoridad moral para convocar a la “sociedad civil” a una defensa de  la democracia, del Estado de Derecho y de la Constitución? ¿Ya le pidió perdón al país la derecha por haber violado en 2006 (para citar apenas un ejemplo) la Constitución, lo mismo que el FMLN y sus aliados está haciendo ahora? ¿Por qué la Sala tuvo que esperar seis años para decretar inconstitucional la elección de 2006, por qué no lo hizo antes? ¿Por qué la Sala no ha resuelto otras demandas de inconstitucionalidad que tiene engavetadas desde hace años? ¿Por qué se apresuró a resolver esta demanda en virtud de la elección de la segunda tanda de magistrados por la legislatura saliente en abril de 2012? ¿Podría la sala decirnos qué demandas tienen engavetadas desde hace años? ¿Podría ARENA afirmar que su único interés en este momento es defender el Estado de Derecho? ¿Si tan defensores del Estado de Derecho son, por qué lanzaron el decreto 743 un año atrás para maniatar a la Sala exigiéndole fallos de inconstitucionalidad por unanimidad? ¿Si tanto la derecha defiende la democracia y el Estado de Derecho, por qué recibieron al señor Micheletti, el golpista hondureño, con el tapete rojo y vitorearon la derrocada de Manuel Zelaya através de un golpe militar un par de años atrás? ¿No fue la derecha que mantuvo el país durante décadas bajo regímenes dictatoriales? ¿Si la derecha tanto defiende la democracia y el Estado de Derecho y la ley vigente por qué no han entregado hasta ahora a los militares y al señor Alfredo Cristiani a la Corte Española para que sean juzgados por su envolvimiento en el asesinato de los jesuitas y sus colaboradoras? ¿Si tanta razón tiene el FMLN en defender la elección de los magistrados en abril  de 2012, por qué entonces condenaron a ARENA por haber hecho lo mismo en 2006? ¿No fue por acaso el diputado del FMLN Humberto Centeno que profirió en 2009 las siguientes palabras en relación al nombramiento de Astor Escalante como Fiscal General adjunto: “Es una persona de ultraderecha que se ha caracterizado por servir a un partido… Es imposible que el FMLN le dé sus votos”? ¿Qué es lo que cambió que ahora sí le dan los votos, Astor Escalante no es más de ultra-derecha sino que es un revolucionario? ¿O el FMLN no es más revolucionario sino que de ultra-derecha? ¿No tienen por acaso ambos partidos políticos – ARENA y el FMLN- la única y exclusiva intención de controlar la CSJ y la FGR nombrando a personas de su simpatía como magistrados y como fiscal general de la República? ¿Si la intervención de la Corte Regional constituye una injerencia en los asuntos internos del país, la intervención de la ONU, del Senado y de la Embajada estadounidense, de la OEA  entre otros organismos internacionales, no constituyen también una intervención en los asuntos internos del país? ¿No fue el señor Presidente Mauricio Funes que sancionó el decreto 43 que faculta a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia a instalar corte plena con ocho titulares y sin la presencia del presidente del Órgano Judicial para que pudieran así tomar pose los magistrados electos en abril de 2012? ¿Si tan a margen de la situación quería mantenerse, por qué no simplemente vetó el decreto para evitar que se llegara a donde hemos llegado? ¿Por qué no se hizo nada para evitar que se violaran las premisas de la CSJ para poder permitir la entrada de Ovidio Bonilla al gabinete del Presidente de la CSJ? ¿Con tanta oposición por todos los lados, con tantas contradicciones, con tanto renegar de la historia y de los principios, con tantas preguntas sin respuesta, por qué insiste el FMLN en mantenerse firme delante de la crisis actual? ¿Qué es lo que gana con ello a no ser el desprecio del electorado que un día le dio su voto de confianza eligiendo a Mauricio Funes como presidente? ¿No será que el único objetivo de esa crisis es fortalecer el voto duro del Frente, mismo a sabiendas que la batalla en sí misma es una batalla de antemano perdida?

Y para concluir apenas más dos preguntas, ¿tienen por acaso el FMLN, ARENA, GANA, PDC o PCN, alguna autoridad moral o ética para defender la democracia salvadoreña, el Estado de Derecho y la Constitución delante de tantos atropellos? ¿Se siente usted señor lector representado por alguna de esas gremiales y más, está usted aún dispuesto a darles su voto en 2014?

Edwin Lima
edwinlima.blogspot.com

PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL CONFLICTO ENTRE LOS PODERES LEGISLATIVO Y JUDICIAL.

Delante de los últimos acontecimientos generados a raíz de los fallos de inconstitucionalidad decretados por la Sala de lo Constitucional, expresamos nuestra profunda preocupación por las consecuencias que el desacato a las decisiones de la Sala de lo Constitucional puedan generar en el Estado de Derecho salvadoreño.

Entendemos que el conflicto actual, antes que de ser naturaleza legal, es político y que lo que está en juego no son los intereses del país, sino que los intereses de los partidos hegemónicos representados en la Asamblea Legislativa por los partidos políticos ARENA y FMLN, intereses que no son compatibles con los legítimos intereses del país. Delante de esta situación se proponen la implementación de medidas estructurales para resolver el problema conforme exponemos a seguir:

1.       Basados en los artículos 174, 183 y 247 de la Constitución de la República, reconocemos que la Sala de lo Constitucional es la única y última instancia que puede arbitrar en materia constitucional. Por tanto, basados en la soberanía que como pueblo la Constitución de la República nos concede según consta en su ARTÍCULO 83, le EXIGIMOS a la Asamblea Legislativa que ACATE las resoluciones de la Sala de lo Constitucional.

2.       Sin embargo, entendemos que el simple acatar de las resoluciones y la realización de las elecciones de las magistraturas correspondientes a los años 2006 y 2012 generará en el futuro nuevamente un juego de intereses político-partidarios que en nada contribuyen con el país.

3.       Entendemos que la mayoría legislativa no puede ser apenas numérica, tiene que ser también ética, lo que quiere decir que los parlamentarios no pueden simplemente usar su mayoría en el Congreso para alterar las reglas del juego político a su antojo y conforme a sus conveniencias de coyuntura, como lo hicieron al aprobar el decreto legislativo número 43 que reforma la Ley Orgánica Judicial permitiendo que la Corte Plena pueda instalarse con un mínimo de ocho magistrados y sin la necesidad de un presidente.

4.       Por lo cual proponemos un cambio estructural en la manera como los funcionarios públicos citados en el artículo 131 inciso 19 de la Constitución son seleccionados, que consiste en quitarle el carácter político-partidario a estos nombramientos y modificar la Constitución para que no sean los parlamentarios quienes nombren a estos funcionarios, sino que los mismos sean seleccionados a través de un concurso público que usaría como criterio de selección el mérito profesional,  académico y ético y no así las simpatías y conveniencias político-partidarias. Tal concurso se llevaría a cabo a través de un examen, el cuál sería prestado por todos los candidatos a los respectivos cargos. Los cargos en cuestión son los siguientes conforme consta en la Constitución de la República art. 131 inciso 19:  Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Miembros del Concejo Central de Elecciones, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal General de la República y Procurador General de la República.

5.       Así siendo el artículo 131 inciso 19 de la Carta Magna deberá ser modificado y deberá leerse de la siguiente manera:

Convocar concurso público para la selección de los siguientes funcionarios: Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Miembros del Tribunal Supremo Electoral, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal General de la República y Procurador General de la República.

6.       Considerando que para que pueda entrar en vigor una reforma en la Constitución son necesarias dos legislaturas, lo que implicaría que esta reforma apenas tendría validez una vez aprobada por la legislatura electa en 2015, se propone en este momento que se acate el fallo de la Sala, se elijan los magistrados por la legislatura actual conforme manda la sentencia de la Sala y en 2015, cuando la nueva ley entre en vigor, se elijan los magistrados no por votación en la Asamblea Legislativa sino que concurso público conforme sugerido en el ítem 5.

7.       Para la implementación de este mecanismo de selección se propone la formación de una comisión donde estén presentes representantes de los tres poderes como también miembros de las diversas entidades competentes representantes de diversos sectores de la sociedad civil a saber: gremio de los abogados, académicos e intelectuales versados en derecho, constitucionalistas y eventualmente asesores internacionales con experiencia en la materia.

Las medidas sugeridas tienen como objetivo la busca de la conciliación de las partes en conflicto, el sano funcionamiento del sistema Judicial salvadoreño, el respeto al Estado de Derecho y la ley vigente y el respeto al soberano pueblo salvadoreño.

Edwin Lima
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LAS VERDADERAS MARCHAS…

Con tantos problemas que realmente le dicen respecto al pueblo y no apenas a los intereses de los partidos políticos, es realmente de preguntarse seriamente por qué no se organizan manifestaciones para defender el derecho a educación, vivienda, alimentación y servicios básicos de los casi 50% de la población que viven debajo de la línea de pobreza.

El problema de ocuparse con los problemas de coyuntura es que tendemos a olvidarnos de los problemas estructurales que asolan al país. El problema que ocupa a todo mundo en este momento, o por lo menos lo parece, el conflicto entre el Judicial y el Legislativo generado a raíz de los fallos de inconstitucionalidad emitidos por la Sala de lo Constitucional es a principio un problema coyuntural; entretanto, lo que hay por detrás, la disputa de poder entre los partidos políticos hegemónicos, para mantener el control de la CSJ, de la FGR, Corte de Cuentas y TSE, es en sí un problema estructural y mientras esto no se resuelva la solidez de las instituciones estatales, el combate a la corrupción, al clientelismo, los finiquitos amañados, la manipulación del Poder Judicial, son temas que continuarán siendo postergados para un futuro muy lejano.

Dicho eso, quería hacerle un recordatorio a la gente de algunos temas que con ese conflicto parece que quedaron para atrás, hasta parece que no existen más. Creo que no se han pasado aún tres meses desde que hubo la amenaza por parte de los empresarios del transporte público de parar operaciones caso el presidente Funes cortara los subsidios. ¿Alguien sabe en qué acabó esa historia? ¿Y el tal del impuesto en las tarjetas de circulación que fue creado para subsidiar a los transportistas, alguien se recuerda de eso? Y la crisis de la deuda generada por la negativa del FMI de renovar el acuerdo stand-by, acuerdo que está en vigor desde los gobiernos de ARENA? ¿Está por acaso el endeudamiento del Estado bajo contro?

¿Alguien se acuerda de la “crisis” generada a raíz del nombramiento de los militares para los cargos de seguridad pública y la PNC? Vemos también algunas llamadas en los medios en relación al acuerdo entre las maras y la OEA con la visita de Insulza al país, acuerdo que consiste en un desarmamiento parcial de las maras, ¿por qué nadie habla de eso, por qué la derecha o la izquierda no se pronuncian al respecto?

Continuamos con serios problemas en educación, salud, infraestructura, vivienda, alimentos, energía, medio ambiente, generación de empleo, salarios (in)dignos, etc, etc, y los partidos políticos nos han metido en ese enredo a raíz de los fallos de la sala. Es impresionante como los partidos tienen esa capacidad de organización para convocar a la gente para los temas que les interesan única y exclusivamente a ellos. Sorprendentemente la derecha organizó una marcha para defender los fallos de la Sala, y por su lado el FMLN (no uso el término “izquierda” intencionalmente) organizó también a sus seguidores para defender el desacato a los fallos, tomarse las instalaciones de la CCJ para emposar a los magistrados electos en abril de 2012, y ahora convoca más una vez al sindicato de la CCJ para la misma acción para poder así emposar al substituto de Belarmino Jaime.

Yo les pregunto a ambas organizaciones y a sus séquitos, si son tan celosos de la Constitución, ¿por qué no convocaron sendas marchas para protestar contra el nombramiento de los militares hoy en día titulares de seguridad pública y la PNC? Ahí también se violó la Constitución y los acuerdos de paz que le dieron fin al sangriento conflicto armado que ya duraba 12 años. Y díganme ustedes señores patriotas defensores de la Constitución y del Estado de Derecho, ¿por qué no organizaron una marcha hacia CAPRES para exigirle al presidente Funes para que resuelva de una vez por todas el problema del transporte público?

Es verdad que el problema actual es muy serio, serio en el sentido que afecta profundamente el funcionamiento de las instituciones, sin embargo, es un problema generado a raíz de intereses entre partidos políticos, conflictos de poder, y ellos poco están preocupados con el buen funcionamiento del Estado de Derecho salvadoreño. La derecha hizo todo lo que el Frente hace hoy en día sin que se le erizara ni siquiera un pelo, y ahora se rasgan las vestiduras, por favor señores, dejen de ser hipócritas y cínicos, todo lo que ustedes quieren es volver al poder, más nada.

Con tantos problemas que realmente le dicen respecto al pueblo y no apenas a los intereses de los partidos políticos, es realmente de preguntarse seriamente por qué no se organizan manifestaciones para defender el derecho a educación, vivienda, alimentación y servicios básicos de los casi 50% de la población que viven debajo de la línea de pobreza.

Ni ARENA, ni el FMLN, GANA, PDC o PCN están preocupados en organizar marchas para luchar por resolver los problemas estructurales del país. Cuando Funes vetó la ley para frenar los abusos de las empresas de tarjetas de créditos, ¿cuántas marchas organizó el FMLN o ARENA? ¿Y cuando Funes le dio la bendición al señor Carlos Slim y sus secuaces para seguir sangrando al pueblo con las abusivas cuotas en el servicio telefónico, ¿cuántas marchas del tipo “yo me visto de blanco” se organizaron?

Buena parte de la población se está comportando como masa de maniobra, como títeres o marionetas en las manos de las cúpulas de los partidos hegemónicos. Lo que realmente necesitamos como pueblo es quitarle a los partidos políticos todo ese poder que se les ha concedido y devolvérselo al soberano, al pueblo salvadoreño.

No tengo nada contra que se defienda la Constitución, yo mismo me he pronunciado enérgicamente contra lo que está haciendo el Frente en este momento, así como también contra lo que ARENA hizo durante 20 años de (des) gobierno. Sin embargo, creo que es importante que la gente se concientice que en la lucha actual ambas banderas están equivocadas, ni ARENA ni el FMLN tienen moral mucho menos autoridad para resolver esta materia, porque para ambas instituciones lo único que está en juego es el control de la CSJ, FGR, Corte de Cuentas y TSE.

La próxima vez mi estimado compatriota, que usted se junte a una marcha de esas, lo insto a que lo haga pero no sin antes preguntarse por qué nunca se le ocurrió luchar por los intereses de los más pobres, de los que nada tienen.

Edwin Lima
edwinlima.blogspot.com

INSTITUCIONALIZANDO EL CUARTO PODER...

Un par de semanas atrás corrían rumores que Funes acataría los fallos contra esos nombramientos. Sin embargo, delante del “salvo conducto” que el Frente encontró, de apelar a la CCJ contra los fallos de inconstitucionalidad de la Sala, no sorprendería en este momento que Funes haga lo mismo. 

Según noticiaba el Diario CoLatino en su edición del día 11 de julio de 2012, se espera que en la semana en curso la Sala declare inconstitucionales los nombramientos por parte del Ejecutivo del ministro de seguridad y del director de la PNC, por constituir tales nombramientos claras violaciones a la Constitución de la República, donde consta que tales cargos deben ser ocupados por civiles y no por militares.

En su momento, el FMLN se opuso a los nombramientos de los militares para los cargos referidos, sin que para ello, por lo que se sabe, haya tomado mayores acciones como las que tomó recientemente tras el fallo de la Sala contra la elección de los magistrados y fiscales. La derecha por su parte aplaudió la iniciativa de Funes quien hizo caso omiso de lo que la Constitución manda y poco se importó que se violaran los acuerdos de paz.

Yo me pregunto en este momento, delante de la inminencia del fallo de la Sala contra el nombramiento de los militares para seguridad pública y PNC, ¿cuál será la actitud de la derecha, se vestirá de blanco también siendo que esta vez contra el fallo de la Sala o acatará el fallo? ¿Y cuál será la actitud del FMLN y de Funes? ¿Acatarán el fallo o recurrirán también a la CCJ?

Ante el fallo contra el nombramiento de Astor Escalante, en otros tiempos enemigo acérrimo del Frente, el FMLN ya avisó que no descarta recurrir a la CCJ. Quien diría que el FMLN un día iría defender a su otrora archi enemigo político Astor Escalante a quien en otros tiempos acusó de ser “una persona de ultraderecha que se ha caracterizado por servir a un partido”, y dejó claro en aquel entonces que  “es imposible que el FMLN le dé sus votos” conforme declaró Humberto Centeno jefe de Fracción del Frente en 2009.

Un par de semanas atrás corrían rumores que Funes acataría los fallos contra esos nombramientos. Sin embargo, delante del “salvo conducto” que el Frente encontró, de apelar a la CCJ contra los fallos de inconstitucionalidad de la Sala, no sorprendería en este momento que Funes hiciera lo mismo. De ser así, quedaría institucionalizado el desacato a la Sala de lo Constitucional - última autoridad en materia constitucional en el país- como forma de legislar y de hacer política en el país, dejando la puerta abierta para todo tipo de arbitrariedad e ilegalidad, y esto se aplica no sólo a la izquierda como también a la derecha, instituyendo así un cuarto poder fuera de nuestras fronteras.

¿Será que es a esto a lo que se refería el Frente con “cambio”?

Edwin Lima
edwinlima.blogspot.com

EL MAL DE ALZHEIMER DE LA SOCIEDAD SALVADOREÑA

Así como sucedió con el decreto 743, ARENA está de nuevo saliendo en caballo blanco del conflicto actual entre el Legislativo y el Judicial, y el FMLN por su parte le está empedrando el camino de vuelta al Ejecutivo, hasta parece que en verdad lo que el Frente quiere es volver a ser oposición…

Más o menos por estos tiempos, un año atrás, ARENA lanzó el finado decreto 743, que buscaba maniatar a la Sala de lo Constitucional de tal forma que sólo pudiera dar fallos de inconstitucionalidad por unanimidad. El decreto 743 también fue llamado de decreto express a raíz de la velocidad con que fue sancionado por el señor Presidente. Según declaraba el plumífero  Alfredo Di Capo, ellos lanzaron el susodicho decreto porque escucharon rumores que la Sala quería decretar inconstitucional la ley de impunidad, perdón, de amnistía, el TLC y la dolarización.

Pues bien, delante del error de cálculo no le quedó al COENA sino retractarse y hacer el “recall” del 743 qué, para su “sorpresa”, el FMLN no quiso soltar más apelando a la forma, al contenido, a la legalidad, a la ilegalidad, y no sé a qué otras asneras. Lo más curioso de todo eso es que así que el decreto fue aprobado por la derecha la Comisión Política frentista se apresuró a pronunciarse contra él, aunque después, sorprendentemente, no lo quería soltar.

Sucede que para el cálculo arenero, tal desgaste delante del electorado sin necesidad no tenía el menor sentido. Ya para el FMLN, según su cálculo político, equivocado por cierto, la oportunidad era única para librarse de una vez por todas de los así denominados 4 fantásticos que habían cambiado la manera de votar, por caras en lugar de banderas, así como también decretaron el fin de la partida secreta y permitieron las candidaturas independientes, medidas que habían contrariado tanto a la izquierda como a la derecha, y por qué no decirlo, a Funes en particular con el tema de la partida secreta. Hay otras resoluciones de esa Sala que también contrariaron muchos otros intereses, pero por cuestión de espacio los omitiré en este momento.

En 2006 ARENA eligió dos tandas de magistrados con una misma legislatura, y el Frente chilló al hartazgo, sin que consiguiera cambiar las cosas, y hoy, curiosamente, hace exactamente la misma cosa y es este el meollo del conflicto entre el Legislativo y el Judicial, ¿puede una misma legislatura elegir dos magistraturas de la CSJ? La Sala dice que no, es de esa manera que lo interpreta, y la Constitución es clara al respecto, cabe a la Sala única y exclusivamente, arbitrar sobre los temas constitucionales, y en ningún lugar en la Constitución encontramos que será la Corte Regional (CCJ) qué dará fallos de inconstitucionalidad para nuestros problemas internos.

ARTICULO 174.- La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas corpus, las controversias entre el Organo Legislativo y el Organo Ejecutivo a que se refiere el Art. 138 y las causas mencionadas en la atribución 7ª del Art. 182 de esta Constitución.


ARTICULO 183.- La Corte Suprema de Justicia por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano.

En 1993 la derecha aprobó la ley de Amnistía para librar a los militares y a Cristiani de ser juzgados por el asesinato de los jesuitas. De igual forma, aprobaron la venta de la banca salvadoreña al capital internacional, la dolarización y el TLC, y hasta el día de hoy El Salvador continúa esperando los dichos beneficios de todas esas medidas.  Los ejemplos de los madrugones areneros, de los abusos que hicieron en el pasado con la mayoría parlamentar de la cual siempre gozaron, de la manera como alteraron las leyes a su antojo para favorecer a sus compadres no cabrían en este pequeño texto, como tampoco cabrían acá las lloraderas del FMLN, y con razón en aquel entonces, por causa de las hazañas areneras.

Tanto la izquierda como la derecha se aprovechan del mal de Alzheimer de la sociedad salvadoreña; ARENA ataca al FMLN por lo que está haciendo hoy en día, pero parece que se le olvida que hicieron lo mismo, sino peor, en el pasado. Y el FMLN hace lo que ARENA hacía en el pasado, olvidándose que en aquel entonces fue crítico feroz de las cochinadas de ARENA.

Así como sucedió con el decreto 743, ARENA está de nuevo saliendo en caballo blanco del conflicto actual entre el Legislativo y el Judicial, y el FMLN por su parte le está empedrando el camino de vuelta al Ejecutivo, hasta parece que en verdad lo que el Frente quiere es volver a ser oposición…

La solución al conflicto

Hay dos salidas para este impase, una estructural y la otra coyuntural y las expongo a seguir:

1. Una coyuntural. Aceptar el fallo de la Sala, elegir nuevamente los magistrados de 2006 y 2012 y modificar la Constitución para que conste claramente en ella que una legislatura sólo puede elegir una única magistratura de la CSJ, para no dar lugar a interpretaciones ambiguas al gusto del grupo parlamentar mayoritario, o en su defecto, de la Sala…

2. Una estructural. Quitarle el carácter político-partidario a estos nombramientos y modificar la Constitución para que no sean los parlamentares quienes nombren a los magistrados, fiscales, etc, sino que los mismos sean seleccionados a través de un concurso público que usaría como criterio de selección el mérito profesional y académico y no así las simpatías y conveniencias político-partidarias. Hablamos en este caso de modificar el artículo 131 Inciso 19 de nuestra Carta Magna:  Corresponde a la Asamblea Legislativa : Inc. 19º Elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios : Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Miembros del Concejo Centras de Elecciones, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal General de la República y Procurador General de la República.

Una tercera opción sería dejarlo todo como está en este momento, lo que abriría un precedente gravísimo en nuestro sistema legal, porque cualquiera se sentiría en el derecho de desacatar los fallos de la Sala apelando a la CCJ llevándose así de encuentro la soberanía nacional y el Estado de Derecho salvadoreño, sería algo así como trasladar la Sala de lo Constitucional a Managua.

De cualquier forma, el desgaste del FMLN en este pleito es irreversible  y la factura le llegará en 2014 sin que haya en este momento otra fuerza política que pueda tomar su lugar.

Edwin Lima
edwinlima.blogspot.com

EL FRACASO DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA

En otros tiempos se usaba el poder de las balas para remover y poner presidentes y la izquierda se oponía radicalmente - y con razón- a tales atropellos a la democracia de los pueblos. Hoy se usa la democracia en lugar de las balas, y ni siquiera los verde-olivo son más necesarios para remover un presidente o un puñado de magistrados, la mayoría numérica en el congreso es suficiente para doblar la democracia e imponer la voluntad de los partidos políticos, sean estos de izquierda o de derecha.

Se ha vuelto algo vulgar escuchar al FMLN decir que el enemigo es ARENA y que todos aquellos cuyo pensamiento es de izquierda, pero que públicamente lo critican, son gente de derecha disfrazados de izquierdistas. Tal argumento es citado a hartazgo, a tal punto que hasta desde Cuba le llegó el recado a los salvadoreños de izquierda que se oponen tajantemente a la manera cínica y oportunista de hacer política del FMLN.

Sobre el tal argumento de que el enemigo es ARENA, nada podría ser más cínico e hipócrita. Para comenzar, el FMLN ha hecho una alianza con GANA, CN y PES, lo que inevitablemente genera la siguiente pregunta: si el enemigo es ARENA por ser de derecha y por representar los intereses de la oligarquía salvadoreña, ¿desde cuándo son GANA, CN y PES de izquierda y representan los intereses del pueblo? ¿No eran por acaso los miembros del partido GANA hasta muy poco tiempo miembros de ARENA? ¿No era el CN el antiguo PCN, el partido de los militares durante la dictadura? ¿No es un tal de Rodolfo Parker, uno de los políticos más asquerosos del país, miembro del ahora Partido de la Esperanza? Y son esos excelentísimos señores, los nuevos aliados del FMLN, ese partidito que se jacta de ser revolucionario. Y pregunto de nuevo, ¿será que sólo ARENA es el enemigo?

Y más una pregunta, ¿cómo es posible que tanta gente dicha esclarecida, muy bien informada por cierto, otrora revolucionarios, acepten como algo normal la manera como el FMLN teje sus alianzas políticas sin que se hagan públicos los acuerdos debajo de la mesa que el Frente ha hecho con estos partidos? ¿Cómo es posible que esa misma gente avale la falta de transparencia del Frente incluso para rendirle cuentas al país por un viajecito que se echaron a Nicaragua para “resolver” el conflicto con el Poder Judicial?

Atacar a la “izquierda no alineada” que no acepta bajo ninguna hipótesis la manera autoritaria, anti-ética, cínica e inmediatista, apenas visando los intereses de una minoría del partido – la cúpula – ignorando así la opinión de las bases, se ha vuelto un mantra en el FMLN. Descalificar a los críticos acusándoles de ser miembros de la derecha corresponde a  viejas prácticas de la URSS estalinista que no sólo callaba a sus críticos como también los eliminaba sumariamente, sólo espero que el Frente no llegue, en los días de hoy, a tomar esas medidas como lo hicieron en otros tiempos sus pares soviéticos y cómo también lo hacían ellos mismos con los miembros de sus filas guerrilleras durante la guerra civil, aunque confieso que a estas alturas nada más me sorprende de ese partido.

Pensar que en otros tiempos no tan lejanos el Frente se pronunció contra la elección de los magistrados en 2006 por parte de la derecha y hoy en día hacen exactamente la misma cosa, como si violar la Constitución fuera la cosa más normal del mundo, como si rebelarse contra la máxima autoridad del país, la Corte Suprema de Justicia, fuera algo natural, como si violentar uno de los tres poderes del Estado de Derecho salvadoreño fueran “pequeñeces”, como lo dijo un fulano miembro/simpatizante de ese partido en las redes sociales.

Un par de años atrás el Congreso hondureño dio un golpe de Estado a Manuel Zelaya, acusándolo de violar la Constitución. En Paraguay, apenas unos días atrás, igualmente el Congreso dio un golpe al presidente Lugo, y todo eso abusando de la mayoría numérica que poseían en el Congreso. Recientemente un tal de Mauricio Funes decretó: “la democracia no es apenas ética, es también numérica”, y al parecer tenía “razón”, y el FMLN lo ha entendido a la perfección, al punto de sentirse en el derecho de darle un golpe al Poder Judicial.

En otros tiempos se usaba el poder de las balas para remover y poner presidentes y la izquierda se oponía radicalmente - y con razón- a tales atropellos a la democracia de los pueblos. Hoy se usa la democracia en lugar de las balas, y ni siquiera los verde-olivo son más necesarios para remover un presidente o un puñado de magistrados, la mayoría numérica en el congreso es suficiente para doblar la democracia e imponer la voluntad de los partidos políticos, sean estos de izquierda o de derecha.

Mientras tanto, el borreguismo, masa de maniobra de las cúpulas partidarias, ha tomado el lugar de los movimientos sociales y con el uso de sofismas y estratagemas son engañados como quien le quita un dulce  a un niño, y se prestan así a todo tipo de maniobras, como el tomarse las instalaciones de la CSJ para garantizar la toma de pose de los magistrados electos con los votos del FMLN y sus secuaces políticos GANA, CN y PES, todos evidentemente partidos de la pseudo-izquierda revolucionaria.

El argumento del antecedente histórico que el Frente usa hoy en día para justificar sus actitudes es en verdad un argumento boomerang que se vuelve contra ellos, porque lo que se esperaba de un partido de izquierda dicho democrático y revolucionario no es el mismo proceder de la derecha, muy por el contrario, se esperaba un proceder ejemplar, digno de quien piensa en el pueblo que lo llevó al poder.

Delante de la falencia total de la última esperanza partidaria que le restaba al país para traer los cambios necesarios, sólo nos resta concluir que la partidocracia como tal no le sirve al país, y por ende la falencia total de la democracia representativa (en los partidos políticos) está decretada, no por mí obviamente mas por la propia historia. Los partidos políticos actuales no representan la voluntad popular, hacen apenas uso de la democracia para llegar al poder y desde allá trabajan en pro de sus propios intereses mezquinos y de los intereses de la vieja y de la nueva oligarquía.

La democracia representativa como tal alcanzó su límite y no le sirve más al país porque esta ha sido usurpada por la partidocracia. Lo que necesitamos en su lugar es de una DEMOCRACIA PARTICIPATIVA donde el pueblo pueda participar activamente del proceso de construcción histórico de la transformación de la sociedad. Una nueva agremiación política pura y simple, bajo los moldes de las actuales a saber: vertical, autoritaria, anti-democrática, dirigida por una cúpula ignorando la voluntad popular, no le sirve al país. Necesitamos urgentemente que la gente se organice a partir de las bases y desde abajo se comience a construir un movimiento -y no apenas una organización – horizontal, democrática, que escucha, siente y sufre con el pueblo, porque de él nace y de él se retroalimenta, y que no esté basada en personajes mesiánicos que buscan a cualquier costo y a todo momento el protagonismo y el caudillismo.

Edwin Lima
edwinlima.blogspot.com