DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y GOBERNANZA SOCIAL

En una entrega anterior cuyo título era “El Fracaso de la Democracia Representativa”, hablaba de la farsa que ha mostrado ser la democracia representativa, donde los representantes están apenas interesados en satisfacer sus apetitos de poder, dinero y control de la cosa pública para sus exclusivos beneficios o de las organizaciones que representan, sean estas sus propios partidos políticos o los grupos económicos hegemónicos.

Pero aparte de la democracia representativa, donde el soberano es representado por ciudadanos electos por la vía de las urnas, donde les es concedido a estos el poder de tomar decisiones sobre el destino de la nación, conocemos también la democracia participativa que no es sino una forma de democracia donde la sociedad civil participa activamente de la tomada de decisiones políticas, modalidad que les concede a los ciudadanos la capacidad de ejercer una influencia más directa en las decisiones políticas.

Sin embargo, cuando se habla de democracia participativa se hace alusión a la organización ciudadana en comités de barrio, en asociaciones de padres de familia en las escuelas, en asociaciones de defensa al consumidor, etc. Se habla también de instituciones como los referéndums y los plebiscitos, presentes en algunos países como Brazil, Venezuela, Bolivia, pero al final de las cuentas, en muchos de estos lugares el pueblo es convocado a decidir sobre temas cruciales, pero difícilmente se le convoca para decidir sobre el presupuesto de la nación, sobre la adquisición de préstamos que eventualmente puedan comprometer la soberanía nacional. En El Salvador pudimos observar cómo se dolarizó la economía o se pasó a hacer parte del Tratado de Libre Comercio con EUA, o más aún, como se aprobó una ley de amnistía para proteger a los criminales de guerra que cometieron crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado salvadoreño, sin haber consultado al pueblo si era lo que realmente se quería para el país. Y es a eso a lo que se le llama democracia representativa, a un sistema donde el pueblo apenas decide quién es que va a decidir pero una vez electos los representantes el pueblo es ignorado hasta la próxima elección.

Pero qué tal imaginarse un escenario donde el pueblo es convocado a decidir el tipo de transporte público que desea, y no sólo eso, sino que también es llamado a participar del proceso de tomada de decisiones cotidiano del sistema de transporte público. O qué tal imaginarse un banco donde los ahorrantes tienen voz y voto en las decisiones cruciales para el funcionamiento de la institución bancaria, a final, ¿no son por acaso los ahorrantes verdaderos inversionistas de los bancos al depositar en los cofres de esa organización sus ahorros e ingresos mensuales? ¿No tendrían por acaso los ahorrantes, ciudadanos comunes, que hacer parte de la directiva de esa empresa? ¿No sería el caso que los clientes de una empresa de telecomunicaciones también deberían hacer parte de la directiva de, digamos, Digicel, de tal forma que los usuarios del servicio de telefonía, un servicio inminentemente de interés público, pudieran tener voz y voto en las decisiones de estas empresas? ¿Por qué no?

Hasta aquí hemos mencionado la posibilidad de que la sociedad civil, los usuarios de los servicios de interés público, participen de la tomada de decisiones de las empresas prestadores de los servicios, pero hay un elemento que faltaría en esta construcción, el Estado, que participaría de estas empresas a través de agencias de contraloría.

A este tipo de gestión, donde los servicios de interés público son gobernados no apenas por los dueños de los servicios como también por sus usuarios y por el Estado, es a lo que yo llamaría de Gobernanza Social, que no sería sino uno de los diferentes aspectos que deberían ser considerados en la democracia participativa. El modelo consiste por tanto en que los servicios de interés público sean co-gobernados por tres agentes a saber:

1. el Estado,
2. la iniciativa privada (cuando se trata de servicios ofrecidos por entes privados) y
3. los usuarios del servicio.

Lo que estamos viendo actualmente es una falencia total del sistema actual, donde los agentes privados hacen y deshacen con la población al ofrecerle servicios que atienden única y exclusivamente al lucro, sin que exista una preocupación mayor con lo que realmente interesa a la población. Vemos por ejemplo como los bancos llevaron a la quiebra al sistema financiero mundial al hacer apuestas financieras a través de modelos de dudosa legitimidad, como por ejemplo las famosas hipotecas “sub-prime” que quebraron el mercado inmobiliario estadounidense. De igual forma estamos viendo en este momento la banca española siendo rescatada por el Banco Central Europeo con un montante de 100 mil millones de euros, mientras que se hacen recortes en el presupuesto del país por un monto de 28 mil millones; yo creo que no hay que ser economista ni PHD en mercado financiero para entender que hay algo muy equivocado en un país cuando se corta en la carne del ciudadano pero por otro lado se le da al sistema financiero un montante 3 veces superior a lo que el país tiene que ahorrar para ceñirse a las exigencias de déficit presupuestario de Bruselas y del BCE, y peor aún, quien da las garantías caso la institución financiera no consiga pagar ¡es el Estado!

Pero yo me pregunto, ¿será que todas esos abusos habrían acontecido si los ciudadanos y el Estado también hubieran estado presentes a la hora de tomar las decisiones que llevaron a España a ese caos financiero? ¿Será que Digicel, Claro y Telefónica habrían instituido la tarifa básica inicial si la asociación de usuarios del sistema de telefonía y la agencia contralora del gobierno hubieran estado presentes con voz y voto para vetar esas decisiones? ¿Será qué las tasas de intereses serían tan elevadas en el país si los usuarios del sistema de crédito estuviesen presentes a la hora de definir el valor de esas tasas?

La gobernanza social consiste pues en que el pueblo  junto con el Estado y los agentes privados ejerzan la gestión de las entidades prestadoras de servicios de interés público para prevenir los abusos cometidos por los agentes privados pero también para orientar las inversiones de estas empresas para el bienestar no apenas privado como también público y poder asesorar a la población sobre las empresas que mejor servicio le prestan al país.

La implementación de mecanismos de gobernanza social requiere de un gobierno verdaderamente comprometido con los intereses de la nación  pero lo que hemos visto en El Salvador y en el mundo, por qué no decirlo, es exactamente lo contrario, el Estado representa casi que exclusivamente los intereses de los poderes económicos hegemónicos y los intereses del pueblo están siempre relegados al último lugar.

Como pueblo debemos luchar para darle lugar a la democracia participativa y al mismo tiempo aprovechar esta ventana de oportunidad que se nos abre delante del fracaso de la democracia representativa y del capitalismo como tal.

Edwin Lima
edwinlima.blogspot.com