Las tres opciones de Bukele

 La Prensa Gráfica Datos (LPG Datos) publicó la segunda semana del mes de diciembre de 2021 una encuesta sobre el nivel de aprobación del presidente Bukele a dos años y medio de haber iniciado su gestión el primero de junio de 2019.

A la pregunta "¿Usted aprueba o desaprueba el trabajo que ha realizado Nayib Bukele como presidente hasta el momento?" El 48.6% respondió que aprueba mucho, mientras que el 36.5% dijo que "aprueba algo"*. Sumando los resultados de estas dos respuestas LPG Datos concluyó que el presidente goza de 85.1% de aprobación por parte de la población, un resultado que sinceramente me parece dudoso considerando que, sin excepción, los niveles de aprobación en las áreas de educación (70.1%), economía (47.7%), política (67.3%), salud (80.3%) y seguridad pública (63.4%) - aunque salud presentó un nivel de aprobación alto - en todos los temas encuestados observamos una clara tendencia a la baja.

También no deja de llamar la atención que entre los principales fracasos que fueron encuestados la población consideró como los tres mayores la implementación de la ley bitcoin, la inseguridad y el aumento de los precios de la canasta básica.

Apatías aparte, no puedo dejar de reconocer que apesar de un claro aumento en el descontento de la población,  a dos años y medio de gestión, el nivel de aprobación de la administración Bukele continua alto, más alto que aquello que las últimas tres marchas pudieron mostrar.

¿Pero como se explica que el presidente continue surfando en esa ola de popularidad delante de tanto escándalo de corrupción, deterioración de las cuentas públicas, aumento de la canasta básica, inseguridad pública, etcéra? Considero como factores fundamentales sobre los cuáles la popularidad del presidente se sostiene los siguientes:

1. La pesada maquinaria de propaganda de la cuál el gobierno dispone y que mantiene a la población en la ignorancia y en el engaño ocultando la realidad de la situación del país.

2. El desgaste que los partidos tradicionales han sufrido con la llegada de Bukele al poder y de sus pasa papeles a la Asamblea Legislativa.

3. La acelerada ejecución presupuestaria que se traduce en obras de alto impacto mediático, entrega de beneficios sociales y una campaña de vacunación que, irregularidades aparte, ha sido bastante efectiva.

4. El bajo nivel de comprensión de nuestra población de los temas de nación, en particular en áreas como economía y política internacional, que son las áreas que más están golpeando al país en los días recientes.

Estamos delante de un presidente teflón, escándalos vienen, escándalos van, pero al parecer a él nada se le pega. En su anhelo de encontrar un mesías que pueda sacar al país de la miseria en que se encuentra la gente está dispuesta a renunciar incluso a su capacidad de cuestionar las decisiones presidenciales, y prefiere creer que el presidente es un "enviado del Señor" y que él sabe por tanto lo que está haciendo.

Pero la realidad habla más alto y aunque el grueso de la población no esté entendiendo lo que está pasando, no sólo las relaciones internacionales se están deteriorando (en particular con nuestro principal socio comercial, los Estados Unidos) a pasos acelerados como también las cuentas públicas se encuentran en este momento en una situación crítica. Infelizmente la población carece de capacidad técnica para entender que el país se encuentra en este momento con un alto déficit fiscal, con una deuda pública a punto de reventar, con las fuentes de financiamento agotadas, en particular con su principal fiador el FMI.

Para el 15 de diciembre de 2021, "el EMBI (indicador de bonos de mercados emergentes) de El Salvador alcanzó los 14.21 puntos básicos, rompiendo un nuevo máximo histórico", noticiaba La Prensa Gráfica **, lo que implica que si El Salvador quisiera pedir financiamiento en el mercado en este momento no pagaría una tasa de intereses inferior a los 14% anuales, lo que quiere decir que para un préstamo de 1300 millones (el valor que estaba negociando con el FMI) el país pagaría un valor de 182 millones de dólares sólo en concepto de intereses sin amortizar un sólo centavo, eso sin contar lo que actualmente el país paga en servicio de la deuda actual que supera los 24 mil millones de dólares.

¿Pero cuáles son las opciones del gobierno? Yo considero que en este momento, delante del cierre de las fuentes de crédito, Bukele se está barajeando tres opciones a saber: 

1. La emisión de un bono bitcoin por el valor de mil millones conforme anunció en la conferencia de bitcoin y blockchain en la playa de Mizata en noviembre recién pasado. Sin embargo, esta emisión tiene dos problemas. Uno, ¿será que realmente los bitcoiners le confiarán a Bukele mil millones de dólares a sabiendas que el país está quebrado? Dos, imaginemos que se los confíen, ¿quién dice que el bitcoin continuará aumentando de precio conforme lo ha hecho en los últimos meses/años?

2. La re-estatización del sistema de pensiones que no pasaría más que de un truco contable y no de una fuente real de financiamiento. Lo explico. Las AFP's han estado comprando durante muchos años deuda del gobierno, lo que ha comprometido buena parte de los recursos disponibles que no son sino los ahorros de los trabajadores. Eso quiere decir que si el gobierno estatizara las pensiones esa deuda podría ser removida de la contabilidad estatal, lo que le abriría espacio para adquirir más deuda. Pero ojo, que quiten esa deuda de la contabilidad estatal no quiere decir que la deuda deja de existir porque a final de cuentas alguien tendría que pagar las pensiones futuras. Por lo cuál resta saber si el mercado se tragaría el truco y pasaría a prestarle más dinero a Bukele.

3. La desdolarización de la economía. Bukele ha contratado a la empresa Algorand para que le desarrolle infra-estructura de blockchain. Hay un proyecto piloto para crear contratos digitales en el sistema del registro de la propiedad el cuál está siendo desarrollada por esa empresa. Con esta infra-estructura Bukele estaría sentando las bases para la creación de una moneda digital propia através de la cuál se podría desdolarizar la economía lo que por su vez le permitiría emitir moneda digital sin tener que contratar deuda para pagar las cuentas públicas. Como consecuencia de ello el país entraría en una escalada inflacionaria y una desvalorización de dicha moneda lo que hundiría el país en una crisis económica sin precedentes. Quería llamar la atención del lector y recordarle que la implementación de la ley Bitcoin ha sido fundamentalmente un fracaso.

Delante de la falta de opciones realmente viables cabe preguntarse por qué Bukele insiste en su escalada autoritaria, persecución a la prensa, secuestro de los tres poderes, pleitos con los Estados Unidos, y su negativa constante en someterse a los controles tanto por parte de la población y las instituciones de contraloría como también por parte de la comunidad internacional. ¿Está Bukele realmente convencido que los bitcoiners vendrán al rescate del país cuando no sobre más ninguna institución que confíe en el país? 

Personalmente creo que no. Yo considero que mucho más allá de las fuentes de financiamiento y la gobernanza, Bukele tiene una agenda paralela que la población no conoce. Otros regímenes con la misma o semejante agenda autoritaria también han llevado a sus países hasta las últimas consecuencias con tal de alcanzar sus objetivos o simplemente salirse con la suya, aunque eso tenga como implicaciones el hundir a sus países en una crisis económica profunda, por lo cuál no veo por qué Bukele no pueda hacer la misma cosa con tal de alcanzar sus objetivos inconfesables. 

Conforme él dijo en la asamblea general de la ONU, El Salvador estaría renunciando al camino del multi-lateralismo y escogiendo "El camino hacia nuestro desarrollo y primero Dios, un ejemplo para otros países del mundo"***. Pero ese camino implica obviamente no someterse al control de organizaciones como la ONU, OEA o FMI, ya que si no depende de ellas, ¿por qué tendría que rendirle cuentas? 

Contrario a lo que Bukele quiere hacerle creer a la población, el gobierno salvadoreño se encuentra en estos momento en serios problemas y, a no ser que Bukele acepte las condiciones que le imponen los organismos internacionales para financiarle las cuentas públicas, el país se avecina a pasos agigantados de una crisis política y económica profunda.

¿QUÉ PASÓ EL MARTES 7 EN CRYPTOLANDIA?

El martes 7 de septiembre fue un día negro para la administración Bukele. Aquello que de hecho constituía un hito en la historia del Bitcoin, ya que El Salvador se convertía en el primero país a adoptar el crypto activo como moneda de curso legal, se convirtió en un chasco de esos típicos de los videos que circulan en TikTok. Pero ojo, lo que sucedió el martes 7 era algo bastante previsible. En su afán por alcanzar protagonismo, Bukele se llenó la boca cuestionando al reportero inglés Peter Mccormack en ton arrogante "¿pero qué podría salir mal?", pero en realidad en el día "D" todo le salió mal a Bukele: la Chivo Wallet no funcionó o simplemente funcionó mal; los cajeros electrónicos tampoco funcionaron como se esperaba; una simple operación de compra y venta en la Chivo Wallet duró más de una hora para completarse; los vendedores de bienes y servicios no recibían los valores de sus ventas mientras que los compradores veían sus saldos disminuir sin saber a donde sus bitcoins habían ido a parar. La cosa se puso tan mal que muchas empresas le avisaron a sus clientes que aceptaban Bitcoin desde que no fuera através de la Chivo Wallet; pero no fue sólo eso, el riesgo país se disparó y los bonos de la deuda comenzaron a caer estrepitosamente.

La situación se le pone color de hormiga a Bukele, cada día más y más gente se va juntando al grupo de personas insatisfechas con lo que Bukele está haciendo con el país. La gente le dió el beneficio de la duda, y en un país donde la ley y el papel higiénico usado son la misma cosa, a la gente le dió igual que Bukele violara la ley, le dieron un cheque en blanco en busca de resultados los cúales hasta el presente momento brillan por su ausencia. 

El resultado, a menos de 2 años y medio de gobierno no podría ser peor: cuentas públicas reventadas, riesgo país por las nubes, deuda pública en acelerado crecimiento, control absoluto del estado, violaciones reiteradas a la Constitución, corrupción, pactos inconfesables con las maras, nepotismo, saqueo del estado, falta de transparencia, pero la gota del agua ha sido la ley bitcoin. Sin hacer consultas y sin escuchar el desprecio de la gente para con esa ley, Bukele se lanzó al vacío con la Ley Bitcoin y ahora que todo le ha salido mal, principalmente con la Chivo Wallet que ha sido un verdadero chasco, levantarse de esa, recuperar la credibilidad de la gente en la wallet, conseguir convencer a la gente de que la volatilidad del Bitcoin es buena para el país, será una tarea hercúlea. Mientras tanto, y ante la ausencia de explicaciones, Bukele guarda silencio sepulcral y lo que antes era un triunfalismo napoleónico, ahora se ha convertido en un silencio ensordecedor.

En este momento el precio del Bitcoin se encuentra colgado de un hilo para que se desplome, según analistas el precio podría volver a los 30 mil dólares, que era su cotización apenas algunas semanas atrás. Si eso llegara a suceder los 25 millones de dinero público que Bukele invirtió en la compra de 500 unidades de Bitcoin se reducirían a 14 millones, generándole una pérdida al Estado de más de 11 millones de dólares. De igual forma, aquellos que recibieron los 30 dólares, o que cargaron sus wallets con dinero propio, o los comerciantes que recibieron cryptomoneda a precio alto, verían su saldo reducirse enormemente, y delante de ese cuadro sólo les quedarían dos salidas, asimilar las pérdidas o esperar que la cryptomoneda vuelva a subir para recuparse, pero ambas opciones, para un (micro) empresario, serían desastrosas. En la primera, tendrían que amargar pérdidas de casi 50%, y en la segunda tendrían que paralizar capital y esperar a que el valor del Bitcoin volviera a los valores a los cuáles ellos recibieron el crypto activo en sus wallets. Ya para el consumidor dicha situación podría generar una espiral inflacionaria ya que los empresarios, en su afán de recuperar pérdidas, aumentarían los precios de los bienes y servicios.
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De darse ese escenario, el cúal es posible y probable, el fin de la aventura Bitcoin como moneda de curso legal estaría anunciado. Hoy por hoy una cosa es verdadera, el 7 de septiembre y la entrada en vigor de la Ley Bitcoin, han sido un auto gol, un tiro en el pié para Bukele, y considero que recuperarse de esta le costará mucho. Para que la Ley Bitcoin fuera un éxito el Bitcoin tendría que subir exponencialmente de tal forma que todos aquellos que compraran Bitcoin, incluído el gobierno, comenzaran a ver lucros extratosféricos en los saldos de sus carteras digitales. Sin embargo, la experiencia enseña que ese tipo de movimiento, aunque posible, no sucede todos los días; con los cripto activos el largo plazo y la paciencia son fundamentales para poder ver lucros y es por eso que el Bitcoin, como medio de pagos, que se efectuan en el corto e inmediato plazo, no es un buena opción ya que en el corto plazo las oscilaciones constantes en el precio acaban anulando los eventuales lucros o simplemente generan pérdidas las cuáles sólo se pueden recuperar en el mediano y largo plazo.

Contra todos los pronósticos Bukele lanzó el bienestar del país al casino del Bitcoin, la suerte está echada, veremos en los próximas semanas en que acaba todo esto.

EL RIESGO PAÍS Y LA LEY BITCOIN

A un día de entrar en vigor la #LeyBitcoin la cotización de la crypto moneda se aproxima aceleradamente de los 53 mil dólares. Mañana, cuando los salvadoreños despierten el precio podría encontrarse cerca de los 55 mil dólares, pero lo que parece alentador, un precio altísimo, podrá constituirse en el primer golpe que el país sufrirá fruto de la legalización del Bitcoin como moneda de curso legal.

En la jerga de los inversionistas del mercado de capitales, el precio del Bitcoin en este momento está Bullish que se deriva del inglés bull (toro) y significa que el precio está aumentando; esto hace referencia a la manera como el toro ataca, de abajo hacia arriba. Cuando el precio de un activo está en descenso se dice que el mercado está bearish, derivado de bear (oso) ya que el oso ataca de arriba hacia abajo.

En una situación como la que observamos en el gráfico la tendencia natural del inversor experiente es de esperar el momento justo para vender y realizar jugosos lucros. La última vez que el Bitcoin alcanzó su precio histórico más alto (a 65 mil dólares), en cuestión de días la cotización se desplomó perdiendo su valor en más del 50%, y esto podría ocurrir en los próximos días fruto de cualquier ataque especulativo donde los grandes inversores pongan sus activos a la venta, aumentando la oferta de la cryptomoneda, reduciéndole liquidez al mercado y generando una caída estrepitosa en la cotización del crypto activo.

Una situación como esta podría ser catastrófica para el país en la medida que la adopción del Bitcoin se vaya generalizando, lo que le generaría cuantiosas pérdidas a los bancos, al gobierno y a los ciudadanos comunes que eventualmente tengan crypto monedas en sus carteras Chivo. Esto generaría una fuga de dólares del país ya que las personas tenderían a vender la moneda a un precio más bajo del que la adquirieron pero ese dinero, lejos de quedarse en el país, saldría del bolso de los salvadoreños para el bolso de los especuladores internacionales.

Circula en este momento una campaña en las redes sociales para que los crypto inversores adquieran el día de mañana la cantidad de 30 dólares en crypto moneda en solidariedad a El Salvador por estar adoptando el Bitcoin como moneda de curso legal. El momento es de hecho histórico, pero las consecuencias para el país, dada la naturaleza especulativa del Bitcoin, lo que conlleva un alto nivel de riesgo y por tanto de exposición financiera, podrán ser catastróficas. Esta campaña apenas aumenta la presión en el precio del Bitcoin aumentando así también el riesgo país de cara a una inminente caída en la cotización en las próxima semanas.

Para el salvadoreño de a pié lo que está en juego es su salario que podría pasar a cotizarse en Bitcoin siguiendo el vaivén del crypto activo. Para los bancos, que jugarán el papel de intermediários para la compra-venta del Bitcoin, la #LeyBitcoin aumentará su nivel de exposición financiera ya que la ley los obligará a mantener una cartera de Bitcoin entre sus activos aumentado así su riesgo financiero lo que conllevará a una reducción en sus ratings delante de las agencias internacionales. Una fluctuación hacia abajo en el precio del Bitcoin le generaría millonarias pérdidas a los bancos reduciéndoles su liquidez financiera.

Para los comerciantes, idem ditto, el riesgo de tener que vender sus productos y servicios en Bitcoin y por tanto al ser obligados a aceptar la crypto moneda, les aumentará su riesgo de pérdidas, riesgo que minimizarán haciendo hedge (protección contra el riesgo) cambiario aumentando los precios de sus productos y servicios para cubrir así eventuales e inevitables fluctuaciones en la cotización del Bitcoin generando de esta manera una espiral inflacionaria lo que disminuirá el poder adquisitivo de todos los salvadoreños.

Para el gobierno central, que comienza de antemano con un pasivo de 230 millones para implementar la puesta en circulación de la crypto moneda, no sólo aumenta su ya avultado déficit fiscal como expone al país a un riesgo cambiario constante ya que através del fideicomiso estará comprando Bitcoin de todas las personas que no quieran arcar con el riesgo de mantener la moneda en sus carteras digitales. Pero este riesgo en realidad nunca habrá salido del bolso de los salvadoreños ya que a final de cuentas el fideicomiso será pagado con los impuestos de todos los salvadoreños. Ante una adopción masiva del Bitcoin ese fideicomiso duraría apenas algunas días lo que obligaría al gobierno a adquirar más deuda para aumentar el tamaño del fideicomiso, o a vender grandes cantidades de Bitcoin en el mercado con eventuales pérdidas para poder recargar el fideicomiso.

Para los receptores de remesas, el riesgo consiste en que el gobierno y las casas de cambios, aunque insistan que no se cobrará comisión por el envío de remesas, en realidad sí pagarán esa comisión la cuál estará incluída en el precio de venta del Bitcoin al remesero, y en el precio de compra del Bitcoin, que se le aplicará al receptor de la remesa a la hora de recibir su dinero. Esa diferencia en el precio de compra y venta se conoce como spread y es ahí donde el salvadoreño se dará cuenta que está siendo víctima de más una mentira del gobierno Bukele. El valor de ese spread, conociendo el apetito del gobierno y de las casas de cambio, podría ser superior al diez por ciento, como es el caso de los cajeros Athena situados en la playa del Zonte. Por cierto, ese será el truco que los bancos también usarán para camuflar las comisiones a la hora de venderle Bitcoin al pueblo salvadoreño.

El futuro, contrariando la opinión del presidente Bukele, no es nada promisor para El Salvador con la llegada del Bitcoin y cuanto más grande sea el nivel de adopción del crypto activo, más grande será el problema para el país, y lo que a principio tendría como objetivo atraer capitales financieros para invertir en el país, se acabará constituyendo en una fuga de capitales y en un aumento acelerado del déficit fiscal lo que más temprano que tarde pondrá al país contra las cuerdas delante de los acreedores de su deuda soberana.

SÍ, SEÑOR PRESIDENTE...

SÍ, SEÑOR PRESIDENTE...

Invadió la Asamblea el 9 de febrero y yo dije, sí, señor presidente, saque a los mismos de siempre de la Asamblea  ni que sea a punta de fusil.

Llegó el corona virus y se llevaron a mi vecino para meterlo en un centro de cuarentena, tres meses después salió en un ataúd, y yo dije, sí, señor presidente, usted sabe lo que es mejor para el pueblo, pero mismo así hay gente que no hace caso.

La PNC golpeó a un amigo y yo dije, sí, señor presidente, así se hace para que la gente no ande callejeando sin necesidad.

Le pidieron cuentas al presidente por los gastos con la pandemia y yo dije, sí, señor presidente, está bueno que declare reservados esos gastos, para que quieren saber los mismos de siempre como usted gasta el dinero del pueblo . 

Le cortó el FODES a las alcaldías porque el presidente dijo que los mismos de siempre lo querían usar para la campaña, y yo dije, sí, señor presidente, eso es lo mejor para que esos corruptos no se lo roben.

Las elecciones pasaron y no le pagaron el FODES a las alcaldías, y yo dije, hmm, seguro usted sabe lo que está haciendo señor presidente.

Encontraron la fosa de Chalchuapa con decenas de cuerpos, pero yo dije, sí, señor presidente, su plan control territorial funciona a las mil maravillas, son esos medios de los mismos de siempre que nos quieren engañar.

Destituyeron al fiscal y a los magistrados de la Sala, y yo dije, sí, señor presidente, ya era tiempo que sacaran a esos corruptos, ponga gente honesta y de su entera confianza en esos cargos.

Lanzó la ley bitcoin, y yo no entendí por qué necesitábamos otra moneda, pero yo dije, sí, señor presidente, usted sabe lo que hace, tiene luz verde.

La PNC vino a sacar a mi vecino con engaños y después lo acusaron de fraude financiero, cuando en realidad lo único que él hacía era oponorse a la ley bitcoin, pero yo dije, sí, señor presidente, hace usted muy bien, ese muchacho debería saber que en boca cerrada no entran moscas.

La hija de mi vecina desapareció y yo dije, ya andaba en malos pasos la bicha porque mi presidente tiene el mejor plan control territorial del mundo.

Destituyeron a los jueces porque según mi presidente de los 60 años para arriba se hacen corruptos y yo dije, así se hace mi presidente.

La bancada cyan le aprobó todos los préstamos que mi presidente pidió, y yo dije, sí, señor presidente, usted sabe lo que hace.

La Sala impuesta por mi presidente lanzó una resolución aprobando la reelección de mi presidente, aunque la Constitución diga que eso es prohibido, y yo dije, sí, señor presidente, tiene luz verde, cuente con mi voto.

Comenzaron a cerrar los medios de comunicación y yo dije, muy bien señor presidente, para que los mismos de siempre ya no engañen al pueblo.

Nos cerraron todas las puertas para adquirir préstamos en el exterior y yo dije, sí, señor presidente, quien necesita de dinero prestado.

Mi presidente hizo todo lo que quiso y yo siempre dije, sí, señor presidente, tiene toda mi confianza. 

Hasta que me despidieron de mi trabajo en la alcaldía, las sardinas y los macarrones de mi presidente se acabaron, la inflación se disparó por causa de la bendita ley bitcoin, y ahora la PNC está tocando la puerta diciendo que me van a llevar preso por revoltoso y por andar reclamando de mi presidente, pero ahora ya no queda ni juez, ni fiscal, ni Sala de lo Constitucional, ni PNC ni Ejército, ni abogados, que yo no puedo pagar, para que me ayuden a salir de esta.

EL BITCOIN EN EL SALVADOR

Ante la aprobación de la ley para la circulación del Bitcoin (BTC) como moneda de cambio en El Salvador me gustaría hacer algunas ponderaciones que a mi criterio es necesario que sean consideradas seriamente por todos los salvadoreños antes de dar ese salto en el vacío. Dividiré este texto en tres partes a saber:

1. Desventajas

2. Ventajas

3. Conclusiones

Desventajas

1. La volatilidad del Bitcoin: Imaginemos el siguiente escenario. Yo compro Bitcoin el día de hoy a una tasa de cambio de USD 36500 por Bitcoin esperando que suba para poder ganar un par de pesos, mientras tanto, para proteger ya sea mi lucro o la pérdida de valor en mi capital, yo simplemente me siento a esperar poniéndole a la operación un simple stop-loss/take-profit (parar pérdidas/realizar lucros) en la plataforma del broker. Pero una persona que gana el salario mínimo y que va a "coyol quebrado coyol comido", como dice el dictado popular, no puede darse el lujo de esperar a que la cotización del Bitcoin vuelva a subir para vender porque depende de ese dinero para sus gastos diarios. Así, el  valor de su salario podría disparar 20% o 30% en un día como también podría perder 50% de su valor, también en un día. ¿Cuál es el beneficio de exponer al pueblo a esa volatilidad? 

2. La creación de un paraíso fiscal: 

El artículo número cinco de la ley recién aprobada dice: 

"Art. 5. Los intercambios en Bitcoin no estarán sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital al igual que cualquier moneda de curso legal."

Yo no creo que sea necesario ser constitucionalista ni fiscalista para enteder que se está creando un paraíso fiscal en El Salvador para los inversionistas en Bitcoin. En cualquier país desarrollado por lo menos, la ley  fiscal obliga a los brokers a reportar a la autoridad fiscal a todos los ciudadanos que invierten en moneda virtual o cualquier otro tipo de equity, lo que implica también que las ganancias son tasadas por el gobierno en la sección de ganancias de capital de la declaración de impuesto sobre la renta. Obviamente, si El Salvador me ofrece la posibilidad de pagar 0% de impuestos sobre ganancias de capital pues mi domicilio fiscal ya tiene un destino. 

Pregunto por tanto, ¿qué implicaciones tiene para El Salvador la creación de un paraíso fiscal? Esto debe ser analizado con mucho cuidado.

3. Peligro inminente de inflación: 

Si las personas no tienen garantía de precio en relación al Bitcoin, existen tres opciones: 

a) que la gente no acepte el Bitcoin, lo que por ley sería prohibido; 

b) que lo cambien inmediatamente a dólares, ya que sería la moneda estable; 

c) que asuman el riesgo de perder o ganar, hacer parte del casino.

Sin embargo, los negocios tendrían que mantener tanto dólares como Bitcoin en caja, y al mantener Bitcoin estarían exponiendo sus lucros ya que no habría garantía que en X días obtendrían el valor en dólar por el cuál vendieron un producto o servicio. Obviamente las empresas tendrían que protegerse y la manera más fácil de hacerlo sería através de un correctivo de precios, o sea, adicionarle un valor X al precio que pueda cubrir la fluctuación en la cotización del Bitcoin. Entretanto, a mayores fluctuaciones, o sea, mayor volatilidad, ese correctivo sería más alto porque la garantía de precio se hace más difícil aún generando así inflación y por tanto los asalariados perderían el valor de su dinero.

4. El fideicomiso de 150 millones: 

El gobierno ha dicho que aprobará un fideicomiso de 150 millones (artículo 14 de la ley del Bitcon) para garantizarle a la gente cambio instantáneo de Bitcoin a dólares caso no quieran asumir el riesgo de mantener cryptomoneda en sus carteras digitales. Ahora bien, un simple cálculo aritmétido, PIB/365 días, nos da un valor de 68 millones diários circulando en la economia en intercambio de productos finales, lo que quiere decir que un fideicomiso de 150 millones de dólares alcanzaría para garantizar el cambio instantáneo de Bitcoin a dólar para apenas dos días. Pero ojo, el PIB apenas mide las transacciones finales, no las intermedias, por lo cuál ese valor sería mucho más alto. Ah, diría alguien, "pero el gobierno podría igualmente negociar con un broker al final del día y recuperar los dólares para seguir conviertiendo Bitcoin a dólar", sí, pero también sería el gobierno quien estaría incurriendo el riesgo de haber transado el Bitcoin a USD 38000 y después tener que venderlo a USD 35000, o viceversa, pero si el gobierno necesita tener el cash disponible para el siguiente día no le queda como autoridad monetaria otra opción sino vender el Bitcoin al cambio del día para tener el cash disponible; pero esta operación diaria de Bitcoin le impone un costo adicional al país tanto en el riesgo de cambio como en las tasas (binance te carga 0.075% por cada operación de compra/venta). En resumen, la creación de ese fideicomiso para cubrir la conversión de Bitcoin a dólar apenas aumentaría el déficit fiscal y le generaría costos adicionales al estado ya que se necesitaría infraestructura informática y personas dedicadas a tiempo integral (24 X 7 como ellos dicen) para operar el Bitcoin diariamente en el mercado.

5. El ingreso de capitales extranjeros:

Existen dos tipos de flujo de capitales extrajeros:

a) Inversion extranjera directa: através de este tipo de capital, inversionistas invierten en empresas de la economía real, sean estas fábricas, cadenas de restaurantes, agro, etc. lo que genera empleo y crecimiento económico.

b) Capitales especulativos: son capitales que ingresan al país seducidos por altas ganancias de capital y baja tributación. El problema de este tipo de capital es que entra y sale rápidamente en la medida en que las condiciones económicas, políticas e institucionales no les sean más favorables para hacer negocios. Este tipo de capital no ingresa a la economía real y cualquier inestabilidad en el país podría hacer con que los inversionistas  retiraran su capital en menos de lo canta un gallo.

Evidentemente esta es una de las apuestas de Bukele, él imagina que estos capitales ingresarán al país y que generarán cientos de miles de empleos, generarán inversión, etc, pero en esencia la única inversión que el especulador buscaría en El Salvador es el Bitcoin(más adelante veremos otro aspecto de esto). ¿Podría el gobierno acceder a este dinero o estaría el dinero de los brokers estacionado en cuentas en las Bahamas, Panamá, Chipre o cualquier otro paraíso fiscal que les ofrezca las garantías de liquidez necesarias para operar en el mercado financiero? Con un gobernante inestable y autoritario como Nayib Bukele, que vive generando crisis en el país, una atrás de la otra, y con las cuentas públicas comprometidas, ¿tendrían los brokers la garantía de liquidez caso estacionaran el lastro (los dólares) del Bitcoin en los bancos locales?

6. Los sistemas informáticos:

Algo que al parecer nadie se ha preguntado es si los sistemas informáticos están aptos para el bimonetarismo. Pensemos un poco, si alguien va al supermercado a hacer una compra el cajero le preguntará si pagará en Bitcoin o en dólares y el sistema debe permitir el pago en ambas monedas, y al mismo tiempo mantener internamente la contabilidad de las dos monedas y, al final del mes, hacer el balance contable y fiscal tanto en Bitcoin como en dólares. Lo mismo se aplica para los bancos, ¿cómo resolverán los bancos esta cuestión, crearán cuentas separadas, una en Bitcoin y otra en dólares o le permitirán a la gente tener en una misma cuenta ambas monedas? ¿Y el gobierno, como resolverá la cuestión de recibir IVA y cobrar todo tipo de tributos tanto en dólar como en Bitcoin? ¿Cuál es el costo que tendrá para el país adecuar todos los sistemas informáticos para darle soporte al bimonetarismo? ¿Ya se hizo ese cálculo?

7. El tema de las reservas:  

¿Como va a resolver el gobierno el problema de las reservas? Obviamente el Bitcoin será legal en el país pero eso no quiere decir que será una moneda que pase a ser reconocida internacionalmente para hacer transacciones oficiales(venta de bonos, adquisición/pago de préstamos, importaciones/exportaciones), de igual forma las reservas continuarán en dólares ya que el Bitcoin no es reconocido internacionalmente como unidad de valor/cambio oficial. ¿Cuál va a ser el impacto que esta medida tendrá en las reservas internacionales, en la confianza con los organismos multi-laterales y los acreedores/financistas de la deuda pública salvadoreña?

8. Ingreso de capitales de dudoso origen:

¿Hará el gobierno el chequeo del origen del ingreso de capitales a El Salvador que serán invertidos en El Salvador? ¿Tenemos la expertiz en el país para hacer ese chequeo? Aquí estaríamos hablando de normativas internacionales contra el combate de blanqueo de activos y de las debidas diligencias de lo así llamado internacionalmente "Know your customer" (KYC). ¿Le podremos ofrecer a la comunidad financiera internacional esas garantías?

9. Sobre las tasas:

Es falsa la afirmación gubernamental que las remesas por ejemplo, serían hechas sin costo alguno. Cualquier transacción efectuada usando el Bitcoin paga tasas, ¿Son estas inferiores a las tasas cobradas por wester union, money gram, etc? Sí, a principio lo son, pero aparte de las tasas cobradas por cada transacción, ya sea de envío de remesas u operaciones de compra y venta dentro del país en Bitcoin, la empresa administradora de la cartera digital también cobra una tasa de servicio, a final de cuentas esa empresa, hasta donde me consta, no es ninguna ONG. Pero no sólo será la tasa de servicio, que incluso la podrían cerar para engañar a la gente mientras le cobran un "spread" de compra y venta o le aplican una tasa de cambio de mercado inferior a la que está siendo practicada en aquel momento.

10. La reputación el país delante de la comunidad internacional:

Debemos definir y diferenciar acá lo que sea la comunidad internacional. Por un lado, tenemos los grandes defensores de las crypto monedas y los inversionistas de capital de riesgo. Delante de este grupo la reputación del país, y en particular del presidente Bukele, anda por las nubes desde el anuncio de la legalización del Bitcoin como moneda de circulación en El Salvador. Entretanto, para los organismos internacionales, el mercado financiero, las calificadoras de riesgto y los países con quienes el país mantiene relaciones, El Salvador está dando un salto en el vacío y haciendo una apuesta del tipo todo o nada. La creación de un paraíso fiscal donde muchos capitales de dudosa reputación o no puedan operar a una tasa impositiva de 0% va en contra sentido de lo que el mundo está proponiendo en este momento. La propuesta del presidente Biden por ejemplo consiste en aumentar la tasa impositiva a la ganancia de capitales de 23.8% a 43.4% mientras que el presidente Bukele propone bajar esas tasas a 0%. Esto evidentemente no es algo que la comunidad internacional esté viendo con buenos ojos.

Además, el país se encuentra en este momento negociando un préstamo con el FMI y con otros organismos internacionales por un valor que asciende a más de 3000 millones de dólares. La bitcoinización de la economía recién aprobada aumenta el riesgo país y genera más incertezas que certezas, lo que podría comprometer la concesión de estos préstamos lo que por su vez obligaría a Bukele a tener que buscar dinero en el mercado, que al no tener la garantía de un FMI como fiador, le cobraría tasas al país superiores al 10% al año, lo que no sólo aumentaría el déficit fiscal en concepto de servicio de la deuda.  ¿Esas tasas de intereses se verían compensadas por el capital que ingresaría al país con la legalización del Bitcoin y la creación del paraíso fiscal?

11. La mineración del Bitcoin:

El presidente anunció através de un tweet (en inglés) que ya instruyó a su ministro de energía para que estudie la posibilidad de ofrecerle a los mineradores del Bitcoin energía limpia y totalmente renovable para poder hacer de El Salvador un centro de mineración del Bitcoin. Esta medida es muy arriesgada dado el alto nivel de energía eléctica necesario para poder minerar la cripto moneda. Esto podría venir a comprometer el suplimiento de energía para los salvadoreños en nombre de la innovación tecnológica, el vanguardismo presidencial y el capital especulativo.

Ventajas

Entre la ventajas inmediatas podemos citar las siguientes:

1. La atracción de grandes cantidades de capital: 

Como ya vimos en los párrafos anteriores esto es en realidad una espada de dos filos, pero el lado positivo de la llegada al país de empresas del sector Fintech (Financial Technology) es que se abrirá la puerta a la inversión en el país para poder crear la infraestructura necesaria que le permita al país hospedar a todas esas nuevas empresas que serán atraídas tras la legalización del Bitcoin y la posibilidad de operar en el mercado financiero sin tener que pagar impuestos sobre las ganancias. 

Para poder administrar estos capitales será necesaria la creación (o mejoramiento) de los siguientes tipos de infraestructura: 

a) Jurídica: que le permita operar a las empresas que ofrecerán los servicios financieros con cobertura jurídica que les dé garantía a los inversionistas  y las empresas prestadoras de servicios de acuerdo con la ley del Bitcoin y otras leyes nacionales e internacionales. La ley aprobada es ambígua y deja espacio para todo tipo de interpretaciones, así como también entra en conflicto con otras leyes existentes en el país las cuáles tendrán que ser revisadas para saber qué leyes pierden validez y cuales prevalecen.  

b) Administrativa: los inversionistas tendrán que crear personerías jurídicas através de las cuáles podrán operar en el mercado financiero. Normalmente para este tipo de actividad económica se crean los así llamados "Trust companies", que son entidades legales que actúan como un fiduciario, agente o trustee en nombre de una persona o negocio con el objetivo de adminstrar, gestar y la eventual transferencia de activos a un beneficiario (fuente: investopedia.com). 

c) Contable: que le permita a los inversionistas preparar la declaración de lucros de capital tanto a la autoridad fiscal salvadoreña como la de su país de origen para poder así legalizar los lucros de capital obtenidos con la inversión en Bitcoin a una tasa impositiva de 0%. 

d) Física: el país tendrá que crear todo tipo de infra-estructura física inexistente si es el caso, como por ejemplo nuevos centros empresariales donde las empresas que operarán en el país puedan instalarse. Esto evidentemente demandará inversión y generará empleo al corto, mediano y largo plazo.

f) Informática: tanto a nivel de software (fintech) como de hardware y una red de acceso a internet que le garantice a los inversionistas poder operar en el mercado financiero en tiempo real y sin interrupciónes. De igual forma las empresas en todo los niveles de la economía tendrán que ajustar sus software para poder soportar el bimonetarismo, lo que obviamente generará costos adicionales a las empresas pero también generará empleo.

g) Una red eléctrica estable que le garantice a las empresas financieras sediadas en el país el suplimiento constante y estable de energía para sus sistemas informáticos.

2. La generación de empleo:

Todos los puntos anteriores demandarán capital humano lo que generará empleos directos e indirectos, y esto obviamente será muy positivo para el país. Sectores como la hotelería, infraestructura, banca y turismo podrían demandar una gran cantidad de capital humano para poder atender la demanda generada por la implementación del Bitcoin en el país.

3. La generación de impuestos en la economía real podría ayudar a mejorar la situación fiscal del país. Sin embargo, acá cabe resaltar que las ganancias de capital no pagarán impuestos y es ahí donde el país más podría lucrar. En este sentido la idea de cerar la tasa impositiva sobre las ganancias de capital es en realidad una idea bastante descabellada. Imaginemos por ejemplo que el país consiga atraer 10 mil millones de dólares, que un año más tarde hayan generado lucros en el orden de 50% del capital invertido, lo que equivale a 5000 millones de dólares; si a ese montante se lo gravara una tasa impositiva del 10%, en lugar de los 23.8% que la autoridad tributaria estadounidense cobra, ya sería un buen negocio para los inversionistas pero también para El Salvador que percibiría por lo menos 500 millones de dólares, pero al parecer el señor presidente no ha sido muy bien asesorado al respecto o tiene serias dificultades con la aritmética que le enseñaron en segundo grado.

Conclusiones

La adopción del Bitcoin como moneda de curso legal en el país le impone a El Salvador una serie de desafíos de difícil superación conforme ya analizamos en este texto, pero al mismo tiempo podría traerle muchos beneficios a raíz del volumen de inversión que atraería. Sin embargo, es necesario que quede claro que el mayor volumen de inversión que entraría sería capital especulativo que podría salir del país con el simple presionar de una tecla. El país necesita, antes que de capital especulativo, el ingreso de inversión extranjera directa en la economía real, inversión que no le imponga otro tipo de obligaciones financieras y fiscales que al final puede significar más costos que beneficios.

Una medida de esta envergadura no puede ser vista apenas através el prisma del aumento de la popularidad del presidente y del número de likes en sus tweets, es necesario ponderar las ventajas y desventajas de este emprendimiento y hacer el debido balance para poder así decidir si esto le conviene al país delante de su fragilidad fiscal, económica, social, institucional y jurídica. El costo que la implementación del Bitcoin como moneda de curso legal le impondrá al país podría ser, desde mi punto de vista, mucho más alto que los beneficios, y la expectativa del ingreso de grandes volúmenes de capital podría verse opacada por su naturaleza especulativa. El costo diario con el cuál el estado salvadoreño tendría que arcar para garantizar la preservación de valor del salario de los salvadoreños podría ser mucho mayor que la cantidad que los inversionistas inyectarían a la economía real para la creación de la infraestructura necesaria para la operación del centro financiero que facilitaría el intercambio del Bitcoin entre los inversionistas a partir de El Salvador. De igual forma, delante de la incertidumbre que esta medida generaría, conforme ya dijimos antes, el estado salvadoreño se vería obligado a pagar tasas de intereses mucho más altas para captar dinero en el exterior para poder cubrir su déficit fiscal. Pero, ¿ese aumento en la tasa de intereses sería compensado por el aumento en la tributación, la inversión extrajera directa, la generación de empleo y la mejoría de vida de los salvadoreños de manera general?

A la población salvadoreña se le impondría un impuesto por cada transacción efectuada en Bitcoin y por la conversión diaria de Bitcoin a dólares através del fideicomiso anunciado por el presidente. ¿En qué país esto podría constituir una ventaja? 

Desde mi punto de vista el Bitcoin en sí no es el problema, quien quiera invertir en ello para poder eventualmente obtener ganancias de capital puede hacerlo a su entera y total discreción y con los excedentes de capital que posea, pero ni el Estado ni el pueblo Salvadoreño pueden ni deben arcar con los costos de la aventura especulativa de nuestro "vanguardista" presidente. La medida constituye, antes que una grandiosa y novedosa oportunidad, "manotadas de ahogado" del presidente Bukele delante de la baja reputación de la cual goza ante la comunidad internacional y los prestamistas internacionales a raíz de sus desplantes autoritarios, pero lejos de ser una solución a los problemas de país, puede convertirse en el tiro de gracia para nuestra combalida economía.

Edwin Lima
Salvadoreño residente en Holanda, es consultor en el área de informática y posee un licenciatura en Ciencias de la Computación y una maestría en Inteligencia Artificial

DERROTEMOS AL DICTADOR PARA RESTABLECER EL ORDEN CONSTITUCIONAL

El 3 de Febrero de 2019 ganó las elecciones presidenciales Nayib Armando Bukele, derrotando contra viento y marea a ARENA y al FMLN, después de haber conseguido superar todas las barreras que encontró en el camino, y después de haber conquistado las mentes y corazones (talvez más corazones que mentes) de aproximadamente 1.5 millones de salvadoreños, lo que equivalía a 53% de los votos válidos.

Un año más tarde, el mismo candidato que había sido electo democráticamente irrompe en la Asamblea Legislativa acompañado de la PNC y la FAES para exigirle a los diputados la aprobación de un préstamo con el cual financiaría su plan control territorial, bajo la amenaza de cerrar la Asamblea Legislativa caso no le concedieran su capricho. Al recibir un mensaje de "dios", quien le pidió paciencia, desiste de cerrar la Asamblea y les da un plazo de dos semanas para que, caso no le aprueben su capricho, "apretar el botón".

Delante del atropello a la institucionalidad, organizaciones políticas y sociales, así como la comunidad internacional, expresan su repudio para ese atentado a la (combalida) democracia y al Estado de Derecho salvadoreños; la Sala por su vez le prohibe a Bukele terminantemente que repita un acto como ese, sin que el exabrupto presidencial tenga mayores consecuencias y sin que se aplique todo el rigor de la ley contra el infractor. Diversas autoridades del derecho constitucional como penalistas no dudaron en condenar dicho atropello a la institucionalidad, mientras que, contradictoriamente, el Fiscal General dijo que no había visto ningún crimen con lo ocurrido el 9 de febrero.

Curiosamente los diputados interpelaron al director de la PNC como al ministro de defensa, pero no así al mandante del atropello a la institucionalidad, Nayib Armando Bukele. Según se sabe, muchos alegaron que temían a la ira popular caso tomaran medidas duras contra el presidente; otros, se conformaron con condenar el hecho, y una buena parcela de la población aprobaron sin ambajes la ilegalidad. Sin embargo, más de alguno alertó a los diputados y al fiscal general Raúl Melara que si no frenaban al aprendiz de dictador en aquel momento sería él quien más adelante los quitaría de sus cargos. 

Dicho y hecho, el primero de mayo de 2021 Bukele ordena a la Asamblea que en su primer acto legislativo remueva de sus cargos al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional quitándose así de enmedio los últimos baluartes de oposición que aún restaban, violando así la Constitución de la República de El Salvador, en particular el artículo 87, donde declara que "los órganos estalecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o una sola institución". La pena delante de esa grave violación a los derechos consagrados en la Constitución queda registrada en el comienzo del referido artículo donde "se reconoce el derecho del pueblo a la insurrecicón, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución".

Si el 9 de febrero Bukele ensayó alterar el orden constitucional invadiendo la Asamblea, el crimen fue consumado el 1 de mayo al remover de sus cargos a los magistrados de la Sala y al Fiscal General bajo falsas alegaciones, sin seguir el debido proceso constitucional que supone un juicio contra los imputados y el debido derecho de defensa, pero no sólo eso, nombra como magistrados a personas cuya idoneidad para el cargo es cuestionable, pero al mismo tiempo viola el debido procedimiento constitucional  para el nombramiento plasmado en los artículo 186 y 187.

Las señales son claras, tanto el fiscal general como los magistrados de la Sala constituían un estorbo para las intenciones autoritarias del dictador y es por esa razón que los ha removido de sus cargos. Pero ya advirtió, "el pueblo no me eligió para negociar, todos van para afuera", así que para la próxima sesión plenaria lo más probable es que el dictador remueva de sus cargos al procurador de derechos humanos, a los magistrados de la Corte de Cuentas, al presidente del Tribunal Supremo Electoral, y cuantas personas estén en su camino que puedan constituir un impedimento a sus intenciones totalitarias.

Delante de esta situación la Constitución no deja dudas al respecto, "se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución". De no hacerlo, las consecuencias serán nefastas para el país, nos encontramos en el comienzo de una dictadura dirigida por un líder autoritario populista que ha conseguido engañar a buena parcela de la población al mejor estilo del caudillo lationamericano. El mal debe ser extirpado por la raíz, al transgresor y a sus secuaces se les debe remover de sus cargos y el partido que los llevó al poder debe ser declarado ilegal, principalmente por qué todo el proceso electoral fue viciado, el gobierno usó todos los recursos estatales para hacer propaganda para el partido oficial, cortó los recursos que por ley le corresponden a las alcaldías; el presidente hizo propaganda para su partido incluso el mismo día del pleito electoral, y estas deberían ser razones más que suficientes para anular el partido Nuevas Ideas y así también la elección que le dió la victoria y que ahora le está causando un grave daño a la institucionalidad salvadoreña.

Sin embargo nos quedaríamos cortos si apenas condenáramos a Bukele, sus secuaces y al partido Nuevas Ideas/GANA. Los acuerdos de paz firmados en el Castillo de Chapultepec el 16 de enero de 1992 nos indicaron el rumbo que el país debería seguir para poder consolidar la paz. La paz no consistía en apenas silenciar las armas, eso era apenas el comienzo; pero los partidos oriundos de la guerra, el FMLN y ARENA, aprovecharon la oportunidad para distribuirse los despojos pero en lugar de fortalecer la institucionalidad la debilitaron através de la impunidad, la corrupción, los acuerdos debajo de la mesa, los contratos amañados, los abusos policiales, los dobles salarios, los privilegios a la clase política, la persistente y ofensiva desigualdad, las repetidas violaciones a la Constitución, cosas que con el pasar del tiempo fueron debilitando la emergente y frágil democracia que se había conquistado con sangre, torturas, desaparecidos, huérfanos, millones de personas en el exilio, y que nos llevaron al punto donde nos encontramos en este momento crítico de nuestra historia.

Restaurar el orden constitucional aplicando el artículo 87 de la Constitución implicaría en una refundación del Estado Salvadoreño y en la retomada de los Acuerdos de Paz de 1992 en el punto donde fueron abandonados. Es urgente la firma de un nuevo pacto social donde se le cierren las puertas a la corrupción y a la impunidad para fortalecer las instituciones de tal forma que la democracia salvadoreña no dé más espacio para el surgimiento de caudillos autoritarios como el actual presidente. De no hacerlo estaríamos condenando al país a una larga y sufrida dictadura o a una nueva guerra civil en la medida en que el dictador vaya aumentando la represión, como sucedió en la antesala de la guerra civil del siglo pasado.

Es urgente por tanto que todas las fuerzas políticas y sociales  y los amantes de la democracia y respetuosos del Estado de Derecho y de la institucionalidad, con el apoyo de la comunidad internacional y los países amigos, nos unamos para derrotar al dictador para poder así restaurar el orden constitucional.

BUKELE, EL QUE ESCUPE PARA ARRIBA...

El miércoles 6 de abril El Salvador tuvo la visita del enviado especial del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ricardo Zúñiga. Su visita, antes que de reconocimiento del terreno, fue más para medir la temperatura en el triágulo Norte y reunirse no sólo con los mandatarios de los repectivos países como también con organizaciones no gubernamentales con quienes recogería insumos que le permitirían evaluar la situación política en los países.

En el caso particular de El Salvador la visita tuvo dos objetivos principales:

1. Dejar claro que entre la administración Biden y la administración Bukele hay un océano de diferencias intrasponibles.

2. Y como consecuencia, dejarle claro al país que la administración gringa está jugando en la cancha opuesta  a la de Bukele: en el combate a la corrupción; en el fortalecimiento de la institucionalidad; el respeto al Estado de Derecho, libertad de prensa y la democracia.

Bukele por su parte, en un acto de reciprocidad, dejó plantado al enviado de Biden dejando claro que le estaba pagando con la misma moneda como cuando el mandatario gringo no lo quiso recibir en Washington apesar de haberlo intentando por diversos canales, cosa que Bukele obviamente negó en su momento, pero que ahora, con ese desplante hacia Zúñiga, apenas confirma. El desplante de Bukele constituyó más un clavo en el ataúd del gobierno de Bukele, pero en contrapartida,  Zuñiga le contestó de manera certera e inequívoca: 

• apoyó la iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil que piden la independencia de la CICIES, a lo que Bukele se opone; 
• le dejó 2 millones a la FGR para que continue investigando la corrupción en el gobierno de Bukele; 
• condenó enérgicamente la persecución a la prensa y el irrespeto a la institucionalidad; 
• apoyó la ley recién aprobada en por la Asamblea que busca perseguir a los traficantes de personas, a lo que Bukele se opone; 
• defendió el estado de derecho y la independencia de los tres poderes, lo que Bukele igualmente busca destruir.

¿Qué le queda a Bukele? ¿Buscar apoyo político y económico, en China, en Rusia? Porque en el Occidente ese apoyo no lo encuentra más. ¿Y qué más le queda? Pues 1.7 millones de electores que ciega y bovinamente lo apoyan apesar de la enormidad de casos de corrupción, nepotismo, malversación de fondos, abuso de autoridad, etc, etc, etc.

Quien perdió entonces con ese desplante, ¿Bukele o Zuñiga? La respuesta es obvia y el mensaje fue claro, la administración Bukele no tiene el apoyo de la administración Biden. 

Lamentablemente, los 1.7 millones de electores de Bukele no entienden, no quieren entender, y se enojan con quien les recuerda que ese gobierno, lejos de ser el mejor que el país ya tuvo, está llevándolo a un punto de no retorno, está deteriorando las cuentas públicas, las relaciones internacionales, la institucionalidad y metiendo al país en un agujero del cuál con mucha dificultad podrá salir. Semejantemente a lo que está sucediendo en Brazil con el fascista Bolsonaro, algunos de sus electores apenas ahora comienzan a darse cuenta del grave error que cometieron al elegir al fascista; pero en El Salvador aún estamos lejos de ello, aún falta que el país toque fondo para que sus electores entiendan que Bukele es un corrupto, oportunista y mentiroso, que antes que luchar por el país y por su pueblo, lo está llevando a la ruina. 

Las cartas están sobre la mesa, y como dije hace algún tiempo, hoy por hoy la única oposición fuerte al gobierno de Bukele se encuentra en Washington, en Capitol Hill y en la Casa Blanca.

LA URGENCIA DE LA ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL

 El 16 de enero de 1992 se firmaron los acuerdos de paz en Chapultepec poniendo fin a una sangrienta guerra civil en El Salvador lo que abrió las puertas a la democratización (repare la ausencia del prefijo "re") del país, lo que por su vez posibilitó la inclusión política de las fuerzas que otrora se habían aglutinado bajo las siglas del FMLN. 

Dicha democratización también permitió que se respetara la libertad de opinión, de prensa, de pensamiento pero también propició el crecimiento económico ya que se abrieron las puertas para la inversión extranjera y la reconstrucción del país cuya infraestructura había sufrido serios daños a raíz de la guerra civil.

En lo que dice respecto a la abertura económica, las 4 administraciones de ARENA focaron sus esfuerzos en solidificar lo que se conoce como el modelo neo-liberal, lo que implica en un estado pequeño donde el mercado dicta las reglas de la economía, porque según reza el dogma neoliberal, el mercado se auto-regula. Los ejes del proyecto neoliberal implementado por ARENA fueron los siguientes:

1. Privatización de las empresas estatales, entre ellas el sistema de pensiones, la banca, telecomunicaciones, etc.
2.  Implementación de la ley de integración monetaria, o sea, de la dolarización, através de la cuál el Estado  le garantizaba a los inversionistas extranjeros que sus capitales al ser repatriados no sufrirían con una eventual desvalorización del colón, ya que obviamente la monera sería (y es) el dólar.
3. Tercerización de buena parte de las actividades del estado a empresas privadas, como consecuencia del punto uno.
4. Establecimiento de acuerdos comerciales con Estados Unidos y Canadá para supuestamente impulsionar el desarrollo económico.

Sin embargo, la promesa del milagro económico nunca llegó y los indicadores económicos continuaron presentando el mismo comportamiento anterior a las reformas, que a final de cuentas no rindieron los efectos esperados. La inversión extranjera alcanzó su techo y una vez los inversionistas alcanzaban sus objetivos de lucratividad, retiraban los capitales, y lo que un día fue inversión se convirtió en la práctica en fuga de capitales. Las remesas se convirtieron en el pilar de la economía y a raíz del aumento en la emigración estas comenzaron a crecer exponencialmente representando hoy en día más del 20% del PIB.

En 2009 hace su estrella en el Ejecutivo el partido FMLN en alianza con Mauricio Funes que apenas le da continuidad al modelo económico implementando por ARENA. Las tímidas diferencias se limitaron a un puñado de programas sociales que si bien le llevaron pequeños beneficios a la población, fueron incapaces de mejorar substancialmente el nivel de vida de los salvadoreños y estuvieron lejos de poder ser llamados de reformas estructurales, conforme el FMLN prometía en la campaña electoral que los llevó al poder en 2009. 

Por su vez, el gobierno de Sánchez Cerén, que prometía ser diferente al de Funes porque estaba compuesto de una fórmula pura sangre, no presentó ninguna novedad en relación a su antecesor y se limitó a darle continuidad a "los cambios" iniciados por Mauricio Funes. Pero en esencia, en términos de un plan económico, los dos gobiernos del FMLN no presentaron ninguna novedad y el crecimiento medio de la economía en ese período no pasó de los 2%. Para no ser tan injustos, habría que resaltar un factor positivo, el aumento en 3 puntos percentuales en la recaudación, pero por lo demás nada nuevo debajo del sol.

En 2019 llega el gobierno de Nayib Bukele que hasta el presente momento no ha mostrado cuál es su vocación. Con un plan Cuscatlán lleno de promesas y de grandiosas obras de infra-estructura, a casi dos años de haber iniciado su mandato, no ha dicho cuál es el plan que tiene para poder traer el necesario y urgente desarrollo económico y social. Desde un punto de vista económico el gobierno de Bukele presenta tres trazos fundamentales:

1. Un abultado, oscuro e irresponsable gasto, lo que tiene como consecuencia un aumento acelarado en la deuda y el déficit fiscal.
2. La burda creencia que el gasto público en obras de alto impacto mediático es capaz de traer el prometido crecimiento económico.
3. La ausencia de un plan.

El gobierno de Bukele en poco o nada difiere de las dos administraciones anteriores, lo que deberían ser transformaciones estructurales los substituye con parches sociales que a la larga no resuelven el grave problema de la desigualdad en la sociedad salvadoreña, pero dan votos... Bukele sabe que la gente en su necesidad vota por quien le resuelva el problema que tiene hoy, el hambre, aunque todo mundo sepa que un programa social sin transformaciones estructurales no pasa de populismo, lo que en esencia fue la política social de las dos administraciones anteriores.

El resumen de la ópera es tan simple cuanto complejo, el modelo económico y social implementado por las administraciones areneras continua vigente, pero no sólo vigente como fracasado. No hay en este momento nada que lo substituya, el irresponsable gasto público de la administración Bukele apenas profundizará el déficit fiscal, aumentará exponencialmente la deuda pública, lo que obligará al gobierno a tomar medidas aún más arriesgadas y con serias consecuencias para el país, como es el caso de una eventual re-estatización del sistema de pensiones, que podría venir a aliviar el déficit fiscal y la presión de la deuda previsional en el presupuesto, pero que lanzaría de una vez por todas al abismo el sistema de pensiones nacional comprometiendo las jubilaciones de millares de salvadoreños.

El gobierno Bukele ha demostrado, como los anteriores, ser incapaz de presentarle una alternativa al fracasado modelo económico arenero y en 2024 el país se encontrará en un callejón sin salida, con las cuentas públicas al tope, con el crecimiento económico estagnado y con indicadores sociales iguales o peores de como los encontraron en 2019, dejando a la sociedad salvadoreña sin perspectivas de una mejoría en su nivel de vida obligándola así a continuar emigrando para poder ofrecerle un atisbo de esperanza a sus hijos.

Con un sistema de pesos sin contrapesos, con una institucionalidad fragilizada, una sociedad aún más polarizada que en los tiempos de la hegemonía ARENA-FMLN, con las cuentas públicas en un lastimoso estado, una crisis social sin precedentes y un economía estagnada, sin un instituto político capaz de darle un golpe de timón a la economía, el país caminará a pasos agigantados rumbo a una somalización de la economía y de la sociedad salvadoreña. 

Por tanto, el llamado a la organización de la sociedad civil en todas sus esferas es en este momento urgente. Las alternativas para el país en salud, educación, cuentas públicas, institucionalidad, infra-estructura, crecimiento y desarrollo social y económico, seguridad, derechos humanos, entre otros, deben comenzar a ser construídas desde ya, y es a partir de esa construcción y organización de la sociedad civil que se le debe presentar al país una propuesta de cambios estructurales con claras y objetivas soluciones para los problemas que el país enfrenta, y que el gobierno actual apenas está profundizando de la manera más irresponsable posible.

DE LA ESPERANZA A LA ESTUPIDEZ

En el conversatorio que junto con Daniel Joya sostuvimos en el espacio alternativo de Voz de Washington Media con Benjamín Cuéllar, conocido luchador de los Derechos Humanos en El Salvador, Benjamín nos recordaba como el movimiento social que en la década de los 70 luchó con uñas y dientes durante la dictadura y que a raíz de la persecución política fue llevado a la guerra, se desmoviliza  con el fin del conflicto y deja de tener la expresividad y el espíritu combativo que lo llevó a resistir la dictadura militar, la represión y lucha armada de los años 80. Ante la ausencia de un pueblo organizado los años 90 dan espacio para que los otrora guerrilleros tomaran las riendas de la política, neutralizaran el movimiento social,  llegaran al Legislativo y finalmente en 2009, al Ejecutivo. La historia habla por sí sola, y sabemos que lo que un día fueron reivindicaciones populares, pasaron a convertirse en promesas políticas en el periodo de la pos-guerra cuyo incumplimiento le está pasando factura al país y a los partidos hegemónicos en particular.

Al entregarle a los políticos lo que otrora fueran luchas populares, se entregan también la esperanza y la combatividad, y por qué no decirlo, se pierde el horizonte utópico de un pueblo que un día había derramado hasta la propia sangue para derrocar al dictador de turno. Y es justamente esa entrega de la esperanza a los políticos que explica el encantamiento del pueblo con el demagogo de turno Nayib Bukele. El pueblo se resiste a aceptar que más una vez ha sido engañado, y cuanto más Bukele miente, oculta información, golpea la democracia, parece que el pueblo más lo aplaude, lo que llevará a El Salvador irremediablemente hacia el precipicio, hacia la quiebra de las cuentas públicas, aumento de la pobreza, quiebra de la economía  nacional y al debilitamiento de las instituciones y del Estado de Derecho.

Aparte del populista y demagogo de turno, no hay en este momento nada nuevo debajo del sol, los partidos otrora hegemónicos perdieron (si es que un día la tuvieron) la capacidad de presentarle al país un proyecto de nación que pudiera traer cambios de verdadero impacto histórico. Así, todo indica que en febrero de 2021 los partidos de Bukele conquistarán el botín y pasarán a tener control absoluto de los tres poderes al tener la llave de la Asamblea legislativa que les permitirá nombrar magistrados de la CCR, Corte Suprema, Derechos Humanos, Fiscalía General y aprobar todo lo que se le antoje en la Asamblea al aprendiz de Trump.

Si las fuerzas políticas, económicas y sociales del país no se organizan al rededor de un nuevo y osado proyecto de nación, el país estará condenado a la mediocridad, exacerbación de la pobreza, a más emigración y a una violencia social que llevará el país al caos absoluto. La falta de comprensión de esta realidad hará con que más una vez todos los institutos políticos lancen al estrellato a sus cuadros más atrayentes para las elecciones presidenciales, legislativas y municipales en 2024(y desde ya en 2021), pero ante la ausencia de un programa inteligente, de candidatos realmente pensantes y honestos, el país se hundirá en el fango de una vez por todas sin que haya más esperanza para las futuras generaciones.

El fenómeno Bukele

El fenómeno Bukele, lejos de ser la cura al problema, representa apenas el hartazgo de la población a las promesas incumplidas, a la corrupción, al descaro de los políticos y contrario a lo que la propaganda oficial intenta mostrar, Bukele constituye la exacerbación del político que la gente odia pero que contradictoriamente ha tenido éxito en presentarse como la solución a los problemas del país. Pero lejos de tocar los problemas estructurales que asolan el país, Bukele hace uso de medidas cosméticas para mantener encantadas a las masas, y mientras no haya una alternativa viable, un proyecto de país con propuestas que apunten hacia un nuevo horizonte, la popularidad de Bukele se mantendrá alta. 2021 ya es una batalla perdida, y aunque talvez no sea la última pala de tierra en el féretro de ARENA y el FMLN, la eventual derrota que estos institutos vengan a sufrir pondrá en entredicho no sólo su sobrevivencia como también la validez del proyecto que le han presentado al país durante todos esos años y que claramente se ha agotado. La derrota de 2021 también cuestionará la manera como se ha venido haciendo política en el país, como muchas personas hicieron de la política su modus vivendi y se olvidaron que la política no es un fin en si mismo sino que un medio para transformar el país y administrar la cosa pública en beneficio de la población.

Si por un lado el gobierno de Bukele no representa novedades en la forma de hacer política, muy por el contrario, exacerba los vicios de la política salvadoreña, por el otro, los partidos tradicionales están teniendo serias dificultades para renovar sus cuadros, sus propuestas y jubilar de una vez por todas a los viejos caciques partidarios que durante años han dado las cartas en la política salvadoreña. De igual forma esos partidos han sido incapaces de sacar los esqueletos que tienen en el closet, de parar de proteger a sus corruptos de estimación y lejos de ofrecerle soluciones al país son, junto con Bukele, parte del problema.

La urgencia de un nuevo proyecto de nación.

A 29 años de firmados los acuerdos de paz está claro que las principales conquistas alcanzadas en aquel momento a saber: el fin del conflicto armado, la democratización del país, la institución de una nueva Policía Nacional Civil, la despolitización y disminución del poder que la FAES ejercía en el país, la libertad de expresión y la participación en la vida nacional de todas las fuerzas políticas independientemente de su ideología, una Corte Suprema  independiente, entre otros logros, se agotaron, y es necesario que todas las fuerzas políticas y sociales del país se sienten nuevamente a la mesa y comiencen a pensar la nación que queremos construir y a reflexionar donde fue que como país nos perdimos en la hoja de ruta que los acuerdos de paz le trazaron al país en 1992.

Debemos poner en la agenda cosas fundamentales como el fin de la impunidad, la justicia social, la  generación y justa distribución de la riqueza , la justicia fiscal, el combate a la corrupción, la autonomía alimentar, el medio ambiente, la diversidad de género, el fin de la violencia, la paz social, el acceso universal a la salud, vivienda, educación, entretenimiento como valores fundamentales e inalienables de la dignidad humana, la democracia participativa, nuestro lugar al sol como nación en la geopolítica, la migración y situación de nuestra diáspora, la vulnerabilidad ambiental entre otros temas que urge sean discutidos amplia y abiertamente por todos los salvadoreños. 

Los actuales institutos políticos caducaron, el proyecto que le presentaron al país después de los acuerdos de paz, sea este el proyecto neoliberal arenero o el buen vivir del frente, perdió su relevancia, y el actual proyecto, el de las "nuevas ideas", no es sino un golpe maestro de saqueo a las cuentas públicas, de llevarse lo poco que aún le queda al estado y al pueblo salvadoreño.

Delante de los desafíos que tenemos por delante y con la esperanza de un futuro mejor para las nuevas generaciones celebremos con optimismo la firma de los Acuerdos de Paz que sentaron las bases de la democratización de El Salvador.