PARA PARAR AL DÉSPOTA LAS INSTITUCIONES TIENEN QUE FUNCIONAR

La última encuesta efectuada por la Universidad Francisco Gavidia muestra como gran ganador del pleito electoral de febrero de 2021 al partido Nuevas Ideas con 49% de las sillas de la Asamblea Legislativa lo que deja en evidencia dos cosas:

1. Que Nueva Ideas no goza de 97% de las preferencias electorales conforme Nayib Bukele le ha hecho creer a sus seguidores.

2. Que los partidos otrora hegemónicos se encuentran en total desventaja delante del supuesto partido del presidente de la República, y digo supuesto porque Bukele está inscrito en GANA, no en Nuevas Ideas.

De cualquer manera, aunque se pudiera cuestionar la validez de la encuesta ya que la misma no tiene una muestra departamental (ni mucho menos municipal) suficientemente representativa, lo que le adiciona un margen de error mucho más alto de lo que la Gavidia reporta, está claro que en este momento el gran ganador del próximo pleito electoral es Nayib Bukele, Nuevas Ideas y GANA.

Si las elecciones fueran hoy eso implicaría que Nuevas Ideas y su aliado de GANA pasarían a tener la llave para nombrar al presidente de la Asamblea, quien determina la agenda de las sesiones plenarias; también tendrían la llave entre otras atribuciones conforme el artículo 131 de la Constitución de la República para "elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: presidente y magistrados de la corte suprema de justicia, presidente y magistrados del tribunal supremo electoral, presidente y magistrados de la corte de cuentas de la republica, fiscal general de la republica, procurador general de la republica, procurador para la defensa de los derechos humanos y miembros del consejo nacional de la judicatura", en pocas palabras, tener mayoría en la Asamblea Legislativa le permitiría en la práctica pasar a tener control de los tres poderes, de la Fiscalía y de la Corte de Cuentas, lo que considerando el historial hasta ahora presentado por el presidente Bukele, le daría un poder casi absoluto sobre las instituciones del Estado Salvadoreño poniendo en entredicho los pesos y contrapesos tan necesarios en una democracia.

El 9 de febrero de 2020 (9F) marcó un antes y un después en la administración de Bukele, quien declaró públicamente que había llegado al recinto para cerrar la Asamblea y sacar, en sus propias palabras, "a esos sin verguenzas" que no le querían aprobar un préstamo para financiar las fases del plan territorial. Acto seguido a su discurso ante sus seguidores, Bukele usurpó la silla de la presidencia de la Asamblea y dió inicio a la sesión extra-ordinaria cosa que por el reglamento interno de la Asamblea corresponde única y exclusivamente al presidente de la casa o al que, por reglamento de ley, lo esté substituyendo en su ausencia. Como si todo eso fuera poco, se hizo acompañar por la PNC y la Fuerza Armada y en particular por el ministro de Defensa, violando de esa manera el espíritu de los acuerdos de paz asignándole atribuciones a la Fuerza Armada que por ley no le corresponden, violando así más una ley. 

Sin embargo, y con todo el escándalo que dicho acto pudo provocar nacional e internacionalmente, ni los diputados ni la Fiscalía(que negó rotundamente que se haya violado cualquier ley, que apenas hubo exageraciones por parte del presidente) ni la Corte Suprema de Justicia, fueron capaces, o tuvieron las hagallas de llamar con todas las letras lo que aquel evento había sido: un intento de golpe de Estado a uno de los tres poderes que constituyen el Estado de Derecho Salvadoreño. Con miedo de la ira popular y de las consecuencias electorales que eso podría tener para sus partidos, nadie se quiso echar ese trompo a la uña, dejando así en la impunidad una clara violación al Estado de Derecho de nuestra frágil democracia.

Seis meses después, los eventos del 9F vuelven a tomar momentum y al parecer al ver su status quo amenazado, los diputados finalmente resuelven hacer algo al respecto y deciden interpelar a varios funcionarios del gobierno Bukele, pero incomprensiblemente dejan intocado al mayor infractor del fatídico 9F: al Presidente de la República Nayib Armando Bukele Ortez.

Después de los sucesos del 9F, la pandemia toma los titulares de los periódicos a lo que se sigue la solicitación por parte del presidente de multimillonarios préstamos, los cuáles no sólo le fueron concedidos en su mayoría, como también el presidente se resiste a transparentar la manera como ha gastado ese dinero. Más allá de la transparencia, las denuncias ante el Tribunal de Ética Gubernamental no se hicieron esperar, y estas van desde contratos concedidos a familiares de funcionarios del gabinete de gobierno como compras a empresas que nada tienen a ver con el rubro en el cuál se encuentran registradas; compras sobre facturadas o simplemente la negativa por parte del gobierno de transparentar los gastos efectuados a raíz de la pandemia.

Las irregularidades continuan y a estas se sumanclaras violaciones a los derechos humanos en nombre de la pandemia; desacatos a los fallos de la Sala de la Constitucional; persecución a la prensa que denuncia las irregularidades de ese gobierno o que simplemente no sigue la línea editorial que al gobierno le gustaría; pero como si eso fuero poco, ahora el gobierno se resiste a abrir los archivos de la Fuerza Armada que podrían eventualmente ayudar a elucidar los genocidios cometidos por la organización castrense durante la guerra civil, usando para tal fin los más absurdos argumentos, como por ejemplo "yo ya revisé y no hay archivos del crimen del Mozote", o "quieren revisar los archivos secretos de la Fuerza Armada", justificativas dadas por el presidente de la República, como comandante en jefe de la Fuerza Armada.

La batalla electoral está practicamente definida en este momento, los partidos hegemónicos están con un pie adentro y otro afuera tanto de la Asamblea como de las Alcaldías, por lo tanto electoralmente, aunque aún hay mucho por hacer ya que oficialmente la campaña aún no empieza, tanto el FMLN como ARENA la tiene cuesta arriba. Cuál es la única alternativa? Lanzar mano de la ley vigente y llevar ante los tribunales a Bukele y a su gabinete por todas las irregularidades que se vienen cometiendo casi que diariamente. La impunidad, que ha sido la marca de las instituciones estatales en El Salvador, ahora les pasa factura a los partidos hegemónicos, y si no ponen a las instituciones a funcionar, no sólo perderán su parcela de poder como también Bukele continuará haciendo de las suyas en el país hasta llevarlo a una dictadura, no fruto de un golpe de Estado (que casi fue el 9F) sino fruto de un líder totalitario que no tolera ningún tipo de oposición, sea en la política, economía, academia o prensa, etc. 

Quiero dejar claro que no confío en ninguno de los partidos actualmente represenados en la Asamblea, pero igualmente considero que el rumbo que el país está tomando con Bukele en el poder es extremamente peligroso. Es necesario y urgente que la instituciones comiencen a funcionar y que le pongan un basta a ese líder autoritario, mentiroso y corrupto que quiere controlar los tres poderes para poder saquear el Estado Salvadoreño como lo viene haciendo desde que asumió las riendas del Ejecutivo el 1 de Junio de 2019.

Hoy por hoy las pérdidas electorales ya son grandes pero las pérdidas, los defalcos que Bukele le está haciendo al país aún se pueden parar, si y solamente si las instituciones funcionan. Parando al déspota el siguiente paso debería ser reformar la ley primaria, no para darle más poder al aprendiz de dictador, sino que para evitar que esos abusos puedan continuar sucediendo en las próximas administraciones. Fortalecer las instituciones, hacer con que la contraloría pública funcione, darle dientes al poder Judicial para que pueda parar los abusos presidenciales en esta y las próximas administraciones, juzgar a los diputados infractores de la ley, como el diputado Magaña que en estado de embriaguez provocó la muerte de su acompañante en un accidente de tránsito; juzgar los crímenes de guerra y los actos de corrupción cometidos igualmente en las administraciones anteriores del FMLN y ARENA.

El daño está hecho y a los partidos tradicionales, aunque les falte autoridad moral para hacerlo, les toca en este momento parar la impunidad, detener al déspota y no permitir que la impunidad, los desacatos a la ley y la persecución política por parte del inquilino de casa presidencial continuen. Hay elementos de juicio suficientes para que Bukele pueda ser juzgado no sólo por los eventos del 9F como por toda la corrupción, mentiras, abusos, desacatos y  persecución política que han sido la marca de los 15 meses de gobierno de Nayib Bukele Ortez.

De no hacerlo no habrá más vuelta, el daño será irreparable y nuestra frágil democracia sufrirá el golpe más grande desde la firma de los acuerdos de paz de 1992 que pusieron un fin a la fatricida guerra civil salvadoreña.